El pedido de la intervención de la OEA por parte del gobierno de Pedro Castillo solo tiene un objetivo, tratar de sustraer a los operadores de justicia de la labor que se viene realizando, puesto que para esta semana se han sumado nuevos colaboradores eficaces, que corresponden al tristemente célebre ‘gabinete en la sombra’.
Estos personajes del buró político de Castillo fueron denunciados en su momento por Héctor Béjar, la premier Mirtha Vásquez y Avelino Guillén; criticando el poder que ostentaban, despachando en Palacio, con la patente de corso que tenían del presidente Castillo.
Por eso la desesperación de demandar la aplicación de la “Carta Democrática de la OEA”, porque Castillo sabe de la gravedad de los delitos cometidos y se encuentra arrinconado con su develación.
En su desesperación, no ha medido que la OEA se va a pronunciar después de que una comisión levante información de diferentes actores. De algo que podemos sentirnos seguros es que la obstrucción a la justicia, que viene desarrollando sistemáticamente el gobierno, va a ser demostrada; ahí se entenderá que la OEA no puede promover el diálogo entre los que administran la justicia y los investigados.
Los antecedentes de la labor de la Fiscalía son reconocidos a nivel mundial, porque en su momento no dudaron en denunciar a funcionarios de anteriores gobiernos de todo color político y muchos de ellos inclusive purgaron cárcel, sorprendiendo la celeridad y la prolijidad en la investigación fiscal para llegar a arrinconar a presidentes involucrados en actos de corrupción.
Esperemos con prudencia a los representantes de la OEA, mientras que aquí siguen ventilándose actos de corrupción del gobierno, que ahora involucran a los ministros de Estado en coimas y enriquecimientos ilícitos.
Con semejante escándalo, es una buena noticia que la comisión de la OEA se haga presente en el país, para que se desmonte el mito de la supuesta discriminación o la falsa persecución política.