[OPINIÓN] Richard Arce: “Elecciones manchadas con sangre”

El asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio ha conmocionado al mundo, en especial a los países de la región que vemos con estupor un crimen de esta naturaleza, a solo 10 días de la elección presidencial y a plena luz del día, junto a su militancia; como fueron los asesinatos de Galán en Colombia o Colosio en México, expectantes candidatos presidenciales en el momento del crimen.

Es evidente que el móvil es político, para impedir su elección. Más allá de las encuestas y preferencias electorales resulta sumamente grave para la democracia ecuatoriana que se haya consumado un crimen de esta naturaleza, prácticamente un magnicidio.

Villavicencio se caracterizó por ser un político confrontacional y directo en sus posiciones para denunciar la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia común que azota el país del norte y que, por cierto, ha sido desbordado por la violencia en las calles y las organizaciones criminales que han tomado prácticamente el país; Ecuador es considerado como el segundo país más inseguro de la región con los mayores índices de violencia e inseguridad ciudadana.

Ante el crimen han aparecido los carroñeros de siempre para elucubrar un sinfín de acusaciones y móviles del asesinato del candidato presidencial. Evidentemente que se tiene que investigar el crimen, ya tienen capturado al grupo de sicarios de origen colombiano y venezolano.

Muy sueltos de huesos pretenden incriminar al expresidente Rafael Correa porque Villavicencio fue un tenaz opositor al correísmo, inclusive denunció actos de corrupción y afrontó una persecución política que lo llevó a buscar asilo en nuestro país en 2017.

Es absurdo acusar a Correa porque este crimen perjudica seriamente las preferencias de sus candidatos; la responsabilidad recaería más bien en el presidente Lasso por la coyuntura violenta, por los grupos de interés asociados al narcotráfico y la delincuencia común, que han puesto en jaque al país; por eso no extraña que un grupo paramilitar pretenda adjudicarse el crimen con un video mostrando sus armas y amenazando.

La realidad es que el Gobierno no tuvo la capacidad de brindar la seguridad necesaria a los candidatos, sabiendo de las amenazas. Se entiende que Lasso ya es un pato rengo, pero eso no lo limita a garantizar la seguridad de unas elecciones limpias, lo cual hoy está en cuestión y además se exige justicia por un crimen que no puede quedar impune.