[OPINIÓN] Richard Arce: “Delincuentes de autoridades”

Estamos viviendo un periodo de decadencia política, donde gente de mal vivir está copando el Estado, en cargos de responsabilidad y trascendencia. Y ya no solo es la responsabilidad de los electores, porque no solo son congresistas, sino también altos funcionarios elegidos “a dedo”, como ministros y directores de las instituciones más importantes del país.

Cada semana, en los programas dominicales, salen a relucir casos execrables de corrupción y que los siguen degradando aún más, por sus mentiras y patrañas para negar lo evidente de sus actos deleznables.

A los hechos me remito. En los casos de las congresistas ‘mochasueldos’, el de Rosío Torres de APP es de escándalo, por la complicidad del Congreso y la Comisión de Ética que se deja sorprender con supuestas leguleyadas para incriminar al sobrino de todos los delitos de la congresista. Recuerden que tuvo el desparpajo de borrar el chat en vivo y en directo, después de que los periodistas la abordaron para preguntarle sobre sus sucias mañas.

Ahora han salido a desmentir hasta los documentos notariales de declaraciones juradas que sus trabajadores —se entiende que lo han hecho coaccionados, porque si no pierden el trabajo— han entregado a Ética. Además, ahora está la versión de una trabajadora que ha contado los detalles del tinglado y además ha entregado pruebas de pagos, extorsionada por la congresista Torres. Acá hay nuevos delitos, corresponde inmediatamente una denuncia constitucional para que le levanten los fueros y sea procesada en el fuero judicial, como una vulgar delincuente.

El problema es que el Congreso no lo va a hacer, ya salió con el blindaje en Ética; por eso Edgar Tello está campante, después de otro destape que lo involucra junto con su esposa en el recorte de sueldos a sus trabajadores para que le cubran sus viajes ‘románticos’ en Alemania. Entonces, se entiende que la complicidad es manifiesta de este Congreso desprestigiado y conformado por un gran número de presuntos delincuentes, no congresistas.

El caso del exministro de Defensa José Luis Gavidia es otra sinvergüencería, porque ahora que lo retiraron de su cargo ‘a dedo’ en Londres, demanda indemnización al Estado por 600 mil libras esterlinas. Pensar que fue un oficial de la Naval, con esas angurrias es un prototipo de traidor.