La realidad es que hay problemas latentes como la activación de los conflictos sociales en torno a los proyectos extractivos del país, que, por cierto, se han venido anunciando desde hace meses, y de parte del Gobierno no hubo ningún tipo de respuesta y menos la atención preventiva que se requiere. Como ocurre en el Corredor Minero, donde por meses se ha tenido una tensa calma, sobre todo porque se estuvo negociando entre las comunidades y las mineras que operan en la zona de influencia de los departamentos de Cusco y Apurímac, pero resaltando la ausencia irresponsable de los funcionarios públicos, que tenían la obligación de acompañar estos procesos.