Marcha por la Paz
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Las investigaciones fiscales y testimonios de íntimos colaboradores terminaron por desnudar a Castillo del ropaje de luchador social y presidente reivindicacionista con el que engañaba a la población y dejaron expuesto al burdo y cínico ladronzuelo que, aparentemente, es.

Y es que, viéndose acorralado por testimonios que revelaban la directa receptación de dinero, Castillo, buscando impunidad y continuidad del latrocinio, da un torpe y artero golpe de Estado. Este acto de rebelión se estrelló contra las convicciones democráticas de los altos mandos de las FF.AA. y PNP, quienes, de manera diligente y resoluta, frenaron la conspiración golpista y detuvieron a novel dictador.

Hoy vivimos la reacción de las huestes del golpista, quienes de manera premeditada y coordinada vienen desplegando una campaña de violencia y terror en varias zonas del territorio nacional.

Terminado el turbio y calamitoso gobierno de Perú Libre y sus aliados políticos. Como ya ha anunciado la presidenta, se convocará a elecciones generales y tendremos, más temprano que tarde, un nuevo gobierno y representación nacional.

Resultará indispensable la llegada de un gobierno de unidad y restauración nacional (restauración económica y, sobre todo, moral). El nuevo gobierno debe centrarse en cuatro líneas prioritarias de acción: la primera, relanzar la economía nacional, convocando y dando condiciones para que regrese la inversión y el crecimiento económico, elemento central para reducir la pobreza y atender las impostergables necesidades de la población.

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La segunda: se debe tomar conciencia de que en un país con el desafío orográfico y con las enormes asimetrías socioeconómicas como el Perú, existe un amplio, necesario campo de acción para el Estado. Infraestructura vial, educación, salud y saneamiento en las zonas donde no se puede convocar el capital privado son indispensables para que millones de peruanos puedan integrarse al mercado y participar de una economía moderna, sin privilegios.

La tercera: se deben hacer las modificaciones constitucionales que reivindiquen al ciudadano y empoderen al consumidor frente a prácticas abusivas derivadas de la concentración de mercados.

Y, por último, la cuarta: se debe recuperar la calidad de la función pública y burocracia estatal, severamente mermada y perforada por un gobierno que vio en la administración pública un botín a ser festinado entre sus adictos y acólitos, en desmedro de la calidad de los servicios en favor de la población.

Como tantas otras veces en el pasado, tendremos que honrar las palabras de Basadre y demostrar que el Perú es más grande que sus problemas.

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