En el Valle de Urubamba, a poquísima distancia de los hoteles de lujo, hay poblaciones de migrantes venidos de Puno, que aún no tienen acceso a los servicios básicos. Al empezar el confinamiento obligado por la pandemia, recordé a una de las familias de allí: 11 personas cuyos miembros, desde los padres hasta un bebé de meses, compartían todos, dos colchones en la misma habitación. La madre, que no habría llegado a los 40, era casi un guiñapo, y llevaba al bebé en brazos. Cuando la conocí, pensé en el riesgo que suponía el hacinamiento, especialmente para las niñas, y todavía no había pandemia.
En Cusco, hay un albergue que recibe a niñas embarazadas, expulsadas de sus hogares, muchas veces por sus propias madres, porque, para embarazarse, ‘habían seducido’ a su padre o padrastro.
Según los datos prepandemia del INEI, 63 de cada 100 mujeres eran víctimas de agresión física o psicológica de su pareja. Según la organización Plan Internacional, las cifras han aumentado en la pandemia, en la cual “niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, se han visto obligadas a pasar más tiempo junto a sus agresores”. También se destaca un incremento en la violencia física, frente a la psicológica.
La violencia contra las mujeres existe a nivel mundial, en algunos casos, exacerbada por la religión; en otros, por el machismo culturalmente aceptado, por la pobreza y la falta de oportunidades de independización económica. A ello debemos sumar el no contar con apoyo suficiente del Estado.
Las designaciones ministeriales que ha hecho este Gobierno levantan una alerta para la intervención de la empresa privada: desde dar empleo a más mujeres, facilitándoles el cuidado de sus hijos, hasta imponer una cultura laboral que rompa ese círculo de violencia que se sigue perpetuando y cuyas víctimas en muy pocos casos llegamos a conocer.