[OPINIÓN] Pablo de la Flor: “Demoler la educación”

Hay que reconocer que el Congreso de la República se viene esmerando denodadamente para convertirse en la peor representación política de la historia reciente. Su controvertida producción legislativa da cuenta de esa voluntad y su empeño por dinamitar la precaria institucionalidad del país.

Esta semana la labor destructiva del Congreso alcanzó nuevas alturas con la aprobación de la norma que dispone el nombramiento automático como docentes de educación básica regular de todos aquellos maestros que tengan tres años en situación de contratados. Se trata de una medida del más burdo corte populista, que antepone los intereses de los beneficiados (los profesores que no han aprobado las pruebas), por sobre el derecho de nuestros más de 8.5 millones de estudiantes a acceder a una educación de calidad.

La nueva ley atenta contra el sistema meritocrático que con tanto esfuerzo y sacrificio fiscal se introdujo en nuestro país a fin de asegurar que los docentes seleccionados sean los mejor calificados y que cuenten con las pericias y conocimientos necesarios para garantizar la educación de calidad que nuestros jóvenes merecen.

El propio Ministerio de Educación, que se opone a la norma, advierte que la misma también afecta el derecho a la igualdad de oportunidades de miles de docentes que postulan en los concursos de selectividad para el ingreso a la carrera pública magisterial, y de aquellos que con gran esfuerzo han logrado su nombramiento en función de los méritos demostrados.

A pesar de su relevancia e impactos, el proyecto de ley no pasó, como hubiera correspondido, por la Comisión de Educación. Allí no habría podido salir bien librado, por lo que fue derivado a la comisión de Presupuesto, que preside José Luna, uno de los principales impulsores de la contrarreforma universitaria; y a la Comisión de Trabajo, cuya titular es Sigrid Bazán.

La aprobación en el Congreso se logró con 80 votos procedentes de distintos sectores políticos, desde la derecha hasta la izquierda extrema, con el apoyo entusiasta de la bancada magisterial. Se movilizó así una extraña y contrahecha coalición populista cuyo propósito no es otro que socavar la reforma educativa.

No podemos perder de vista que esta norma se aprueba en una coyuntura especialmente crítica para nuestros jóvenes. Las medidas de aislamiento extremas implementadas durante la pandemia, con la suspensión prolongada de clases presenciales, se han traducido en importantes pérdidas de aprendizajes que resultarán difíciles de revertir sin un esfuerzo extraordinario y concertado de padres, maestros y autoridades.

Aunque aún ocupamos los últimos lugares del ranking, hasta 2019 el Perú había venido registrando algunas mejoras educativas importantes, como demuestran los resultados alcanzados en las pruebas internacionales PISA de los años previos. Buena parte de lo avanzado se explica por el impulso de la reforma educativa, ahora amenazada por la actuación del Congreso.

Corresponderá ahora que el Ejecutivo observe la ley, y que las distintas bancadas recapaciten y reviertan sus posturas en beneficio del país.

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