(OPINIÓN) Nelson Shack: Simplificación administrativa

La corrupción es el abuso del poder para beneficio propio o de terceros y no se produce de manera espontánea, sino que hay un funcionario público que actúa prefiriendo el interés particular en lugar del interés general, a pesar de que juró, de manera explícita o tácita, servir al Estado y no servirse de él.

Por ello, reducir la corrupción implica reducir el poder. Así, surgen maneras inmediatas de reducir el poder de las autoridades, funcionarios y servidores públicos: la primera, reduciendo la discrecionalidad en el proceso de toma de decisiones a partir de la aplicación rígida de reglas adecuadas y, segundo, simplificando los trámites y procedimientos por medio de una mejora de la calidad regulatoria.

Cabe señalar que la existencia de regulaciones estatales deficientes o insuficientes perjudica a las familias y a las empresas, inhibe la productividad, el crecimiento económico y la mejora del bienestar de la población.

Por otro lado, si de limitar el poder se trata, reducir los trámites que no agregan valor o mejorar el diseño de aquellos que son ineficientes en casos tan simples como obtener o renovar un pasaporte o agilizar tiempos en el otorgamiento de licencias de construcción de viviendas en alguna municipalidad tendrá, sin duda alguna, un impacto positivo directo en la lucha contra la corrupción y el incremento de la competitividad y dinamización de la economía.

En efecto, la simplificación administrativa, que es un pilar del proceso de la calidad regulatoria, se orienta a eliminar los obstáculos y costos innecesarios para la sociedad derivados del inadecuado funcionamiento de la administración pública, y constituye un poderoso instrumento cuya aplicación debe generalizarse y fortalecerse en el sector público para que permita evaluar los procedimientos administrativos a fin de reducir o eliminar los que resulten innecesarios, debiendo aplicarse a las normas existentes como a las que se emitan en el futuro.

Este proceso se basa en cuatro principios: uno, legalidad (amparada en el cumplimiento de las normas); dos, necesidad (¿se resuelve el problema con este trámite?); tres, efectividad (¿son necesarios los requisitos exigidos?), y, cuatro, proporcionalidad (fijando la carga administrativa adecuada que regulará el procedimiento).

Un par de datos ilustrativos: antes de la pandemia, según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, los peruanos nos demorábamos 60% más en términos de tiempo que los latinoamericanos en promedio para completar un trámite.

Y, según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, el Perú se encuentra en el puesto 35 de 141 economías; sin embargo, si consideramos el indicador relacionado a los requerimientos administrativos, estamos en el puesto 87. Realmente mal.

Por ello, establecer procedimientos de aprobación automática y estandarizada, así como consolidar la fiscalización y sanción a las entidades públicas sobre la materia, debería ser un imperativo fundamental en la gestión pública, no solo por razones de eficiencia sino también de integridad.

El ingreso de nuevas autoridades como consecuencia de las últimas elecciones regionales y municipales puede ser un escenario propicio para poner este tema en la agenda pública y trabajar seriamente para mejorar la competitividad de nuestra economía y a la vez luchar contra la corrupción y la inconducta funcional.