La Toma de Lima. (Foto: GEC)
La Toma de Lima. (Foto: GEC)

La anunciada marcha denominada la ‘Toma de Lima’ es el tercer intento del país en hacer oír su voz y es también una nueva oportunidad en la que el gobierno nacional va a hacerse el ciego y el sordo para no escuchar los reclamos y el descontento popular. No es una sorpresa que la división enorme entre las demandas ciudadanas de gran parte de los peruanos choque con los intereses de muchos habitantes de la capital, que concentra el poder del país. Es más, resultan sintomático de esta disonancia los números de la XIX Encuesta de Gerentes Generales (Ipsos Perú) para Semana Económica, en la que el 71% de CEO aprueba el gobierno de la presidenta Boluarte, mientras que el 77% de la ciudadanía en general rechaza a la mandataria, según Datum. Los empresarios no leen las necesidades de las personas y luego se sorprenden cuando estalla el descontento.

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Y, si la preocupación de los empresarios es solo el buen clima de negocios, ¿por qué optaron por elegir un alcalde metropolitano que le ha hecho la guerra a la inversión privada? Sus maniqueas declaraciones en relación a los arbitrajes que la MML ha perdido contra la empresa concesionaria Rutas de Lima son un ejemplo. La seguridad jurídica, pieza clave para promover las inversiones, está siendo atacada descaradamente y casi no dicen nada.

Por otro lado, en un país democrático resulta espantoso enfrentarnos a la toma de instituciones de gobierno, la consolidación de las mafias en puestos de poder y la agresión hacia los ciudadanos que buscan manifestar su descontento. ¿Cuándo se perdió en nuestro país el derecho a la protesta pacífica? ¿Por qué algunos se hacen los locos con los asesinatos dirigidos por el gobierno y creen que ahora “todo está mejor”?

La elección del nombre para la movilización nacional es tremendamente incómoda para el statu quo. ¿Qué van a “tomar” con la marcha? Pues no se van a tomar las casas de los poderosos, sino que simbólicamente van a exponer sus privilegios. Y eso es lo que en Lima no quieren ver. No quieren aceptar que la mayor pobreza se encuentra fuera de la capital ni que la desigualdad campea en el mundo rural. Que la desnutrición sigue presente y la anemia, aunque ha aumentado en todo el país, supera el 50% de la población de infantes que habitan en el campo (Endes). Hay mucho por lo que protestar y hay mucho por lo que el gobierno quiere silenciar la protesta. Ojalá esta vez el gobierno de Dina Boluarte no decida ir a matar. Bien le haría aprender a escuchar.