“Es urgente (y políticamente rentable) desarrollar mecanismos que permitan beneficiar a la mayor cantidad de personas con los avances médicos más recientes”. (Foto: Getty Images)
“Es urgente (y políticamente rentable) desarrollar mecanismos que permitan beneficiar a la mayor cantidad de personas con los avances médicos más recientes”. (Foto: Getty Images)

Cada 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y suele encender el debate sobre si los derechos de propiedad –como las patentes– benefician a la humanidad al fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías que mejoran la vida de las personas; o si, en cambio, las perjudican porque excluyen del acceso a los nuevos avances a las mayorías. El sector farmacéutico ilustra muy bien este dilema.

Por un lado, se argumenta que las patentes alientan la inversión en el desarrollo de nuevos fármacos. Considerando que el costo promedio de lanzar un nuevo medicamento era de US$2,300 millones en 2022 y que los rendimientos de invertir en I+D en el sector cayeron en dos tercios desde 2017 (Deloitte); tiene sentido proteger contra la piratería a quienes arriesgan capital para intentar desarrollar nuevas medicinas y así proteger la innovación misma.

Por otro lado, se argumenta que las patentes excluyen del acceso a medicamentos a quienes no pueden pagar los típicamente elevados precios de introducción y, también, por retrasar la venta de genéricos, lo que salva millones de vidas. Sin duda, es urgente (y políticamente rentable) desarrollar mecanismos que permitan beneficiar a la mayor cantidad de personas con los avances médicos más recientes.

Para solucionar este tipo de problemas no estamos obligados a elegir entre devaluar las recompensas de quienes innovan o condenar a quienes son incapaces de pagar por esas innovaciones. En cambio, resulta vital encontrar un balance que permita incentivar la inversión y promover la socialización de ese conocimiento.



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