[OPINIÓN] Joaquín Rey: “Irresponsabilidad superlativa”

Que una autoridad no respete una resolución judicial o arbitral es algo característico de regímenes totalitarios, donde no existe separación de poderes ni predictibilidad en las reglas de juego. Algo habitual en regímenes como el de Maduro en Venezuela o el de Ortega en Nicaragua, donde los contratos, los derechos y las cortes importan poco nada. Y cuyos actos han terminado por espantar la inversión privada, que no está dispuesta a someterse unilateralmente al ánimo del gobernante de turno.

Paradójicamente, en Lima, un político de derecha, supuestamente promercado, ha tomado un camino similar. Hace pocos días, Rafael López Aliaga informó que ignorará la decisión de un tribunal arbitral respecto de la suspensión de los peajes de la concesión Rutas de Lima —suspensión que fue una promesa central de su campaña— y que el 29 de julio “tomará” las casetas de cobro de este peaje. En otras palabras, nuestro alcalde planea llevar adelante una expropiación.

Para entender el caso hay que ir un poco atrás en el tiempo. Durante la gestión de Jorge Muñoz, la Municipalidad de Lima demandó a Rutas de Lima, empresa concesionaria que opera y mantiene la vía que va desde Pucusana hasta Puente Piedra. El objetivo de la demanda era la nulidad del contrato alegando su origen corrupto. La disputa fue elevada a un tribunal arbitral internacional que opera bajo las reglas de Naciones Unidas. Luego de un largo proceso, la gestión de Muñoz perdió en dos laudos, por lo que la vigencia del contrato continuaba.

Una vez en la municipalidad, López Aliaga, pretendiendo honrar uno de sus planteamientos medulares de campaña, declaró unilateralmente la caducidad del contrato con Rutas de Lima. Ante ello, la empresa demandó un nuevo arbitraje internacional. El primer acto de la nueva corte fue declarar que el contrato no podía ser caducado unilateralmente hasta que se resolviera el fondo del asunto. Es decir, dispuso mantener el statu quo.

El alcalde no ha tenido mejor idea que ignorar esta resolución y ha anunciado la mencionada “toma” de los peajes. Algo equivalente a decir “me someto a las decisiones arbitrales cuando están alienadas a mi interés, pero no en caso contrario”. Un razonamiento inaceptable en un Estado de derecho.

Acá nadie discute el origen corrupto de este contrato: la propia Odebrecht lo reconoce y hoy en día el tema es materia de múltiples investigaciones fiscales. No obstante, antes de que iniciara esta secuela de arbitrajes, la titularidad de la concesión ya había sido vendida. Hoy, el 57% de la misma es propiedad de Brookfield, un fondo canadiense de primer nivel que maneja más $800,000 millones en inversiones infraestructura, energía y bienes raíces en todo el mundo.

Existe un porcentaje de la concesión (25%) que sigue en manos de Odebrecht, pero esto es así porque el contrato la obliga a mantenerse en la sociedad a menos que el concedente (la Municipalidad de Lima) así lo autorice, lo que la comuna no ha hecho. Es decir, la posibilidad de que Odebrecht salga de la sociedad concesionaria está en manos de la propia municipalidad por vías regulares. Pero el alcalde no hace nada al respecto.

La gravedad del camino tomado por López Aliaga es tal que esta semana un grupo de 18 exministros de todo el espectro político —como Luis Miguel Castilla, Alonso Segura, Aurelio Loret de Mola, José Antonio García Belaunde, Ismael Benavides o Diego García Sayán— emitieron un comunicado para denunciar esta arbitrariedad.

Cabe recordar que López Aliaga ha hecho una carrera empresarial precisamente en el mundo de las concesiones de infraestructura de transporte, de modo que entiende perfectamente la inviabilidad del camino que está tomando y su gravedad para el futuro de la Municipalidad de Lima y del Perú como destino de inversiones.

Que nuestro alcalde no sea capaz de cumplir una promesa de campaña no es problema de los limeños. Lo que sí será un problema es el precedente nefasto que sienta un curso de acción como este, que solo terminará por ahuyentar la inversión privada justo cuando más se la necesita para reactivar nuestro alicaído crecimiento económico. Irresponsabilidad superlativa.

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