Se cumplen seis días de reacciones sobre una sentencia que aún no existe: la anunciada restitución de los efectos del indulto de Alberto Fujimori. Entre ellas, las más destempladas han sido las del primer ministro Aníbal Torres y el congresista Jorge Montoya, que han planteado eliminar al Tribunal Constitucional y a la Corte IDH, respectivamente. Dos caras de la misma moneda autoritaria. Esta polarización viene incentivada por la gran opacidad con la que ha obrado el TC. Pese a tratarse de un caso de interés público, no tomó medidas especiales de publicidad. Qué lejos están los tiempos de transparencia radical que tuvo el TC bajo la presidencia de Ledesma. Como no se puede comentar un fallo que no existe, anoto aquello que sí es firme.
Fujimori ha recibido cuatro condenas distintas por delitos relacionados al abuso de poder, corrupción y violación de derechos humanos. Todas esas sentencias fueron en su momento apeladas y revisadas –la correspondiente a las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cuya pena sigue cumpliendo, debe tener el récord nacional de revisiones en hábeas corpus–, pero una y otra vez fueron confirmadas. No hay duda de que estamos ante un sentenciado por grave responsabilidad.
MIRA: [Opinión] Javier Alonso de Belaunde: “Carta democrática”
En 2017, el gobierno de PPK otorgó un indulto humanitario argumentando razones de salud. La Corte IDH señaló que este sí era posible –ningún tribunal de derecho humanos dejará de darle valor a la dignidad y salud de las personas, así estén justificadamente presas–, pero que, para poder otorgarlo válidamente, se debía verificar una serie de condiciones. Confió entonces en la capacidad del sistema de justicia peruano para revisarlo, manteniendo su competencia de supervisar el resultado. La Corte Suprema, al revisar el indulto bajo esos parámetros, comprobó lo que la opinión pública ya intuía: no se trató de un indulto humanitario, sino político. Una farsa. La decisión de 222 páginas estuvo sólidamente fundamentada en principios fijados por 18 sentencias previas del TC y 63 decisiones de la Corte IDH.
Ese es el indulto que el TC ha optado por restablecer con los votos de Blume, Ferrero y Sardón. Si la decisión viene como sus últimos votos, es decir, sin rigurosidad ni razonamiento jurídico, es probable que la Corte IDH encuentre su confianza en la justicia nacional defraudada y tome una decisión directamente. Se habrá maltratado (¡una vez más!) a los familiares de las víctimas y al propio Fujimori.