El presidente Castillo aludió recientemente a la posibilidad de invocar la Carta Democrática Interamericana. Lo hizo en Puerto Maldonado a raíz de las declaraciones de Karelim López que lo involucrarían en hechos de corrupción, que él niega y juzga parte de un complot para vacarlo. Más allá de la investigación fiscal, es paradójico que el mandatario haga referencia al documento ya que su gobierno ha violado varias de sus disposiciones.
La Carta Democrática es un instrumento de la OEA aprobado en Lima a propuesta de Javier Pérez de Cuellar, primer ministro y canciller del gobierno de transición de Paniagua, a la luz de la experiencia autoritaria del fujimorato. Se buscó crear una herramienta regional para prevenir y responder ante erosiones y quiebres democráticos que no provenían de un cuartelazo, sino de actores del propio sistema político.
Castillo probablemente tiene en mente el título IV de la Carta que dispone diversos mecanismos para involucrar a la OEA en observaciones, gestiones y acciones. Pero olvida flagrantemente el resto de disposiciones del instrumento.
La Carta consagra a la democracia representativa como un derecho de los pueblos de América y una obligación de los gobiernos. Luego precisa sus elementos esenciales. No se trata solo de ganar elecciones. Transparencia gubernamental, responsabilidad en la gestión pública, respeto a la libertad de expresión y a la prensa, protección de los derechos de los migrantes, educación de calidad al alcance de todos y promoción plena e igualitaria de la mujer en las estructuras políticas son algunos de los componentes que evidencian la deuda del gobierno.
Fuera de la falta de legitimidad del mandatario para invocar el instrumento, Diego García Sayán, el canciller que aprobó la adhesión de Perú en 2001, y Eduardo Ponce Vivanco, exvicecanciller, han hecho notar recientemente que el rol de la OEA no es resolver los problemas de crisis políticas estructurales como la nuestra. Podrá ayudar y facilitar, pero es necesario un diálogo y consenso mínimo entre el Ejecutivo y el Congreso para salir de ella.