De manera frecuente, los peruanos vemos con indignación y hartazgo noticias vinculadas a casos de corrupción en nuestro país. Según el Boletín de Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia e Instituciones, del INEI, la población considera que la corrupción es el principal problema social. A nivel internacional, de acuerdo a la última actualización del Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por la organización Transparency, el Perú está dentro del 40% de países más corruptos del mundo (posición 105, de un total de 180).
La corrupción, definida como el abuso de una posición de autoridad para obtener ventajas privadas, erosiona la confianza de la sociedad en sus instituciones y democracia, e inhibe el crecimiento económico y la calidad de vida de los ciudadanos. En particular, dependiendo de qué tan extendida esté, la corrupción puede reducir sensiblemente la capacidad del Estado para proporcionar bienes y servicios públicos de calidad, necesarios para elevar la productividad y competitividad de la economía.
Por un lado, puede afectar la recaudación de impuestos (tal vez, por la introducción de alguna ventaja tributaria producto de un soborno), lo que limita el financiamiento de los gastos del gobierno; es decir, de lo que podría hacer en beneficio de la población. Por otro, obras de inversión pública con costos sobredimensionados o una mala priorización del gasto fiscal (inducido por intereses particulares) también acotan los recursos que podrían destinarse para mejorar los sistemas públicos de educación y salud o la infraestructura, elementos fundamentales para alcanzar un crecimiento más alto y sostenido en el mediano plazo.
Si bien es difícil estimar el daño económico de la corrupción, algunos estudios indican que los montos pueden ser significativos. En Perú, en julio de 2022, la Contraloría señaló que en 2021 la corrupción generó un perjuicio económico al país de S/24,200 millones. Este monto anual supera en aproximadamente US$1,000 millones la inversión en Quellaveco o en la Línea 2 del Metro de Lima.
¿Qué necesitamos para reducir este mal que parece ser endémico en Perú? Voluntad política para hacer las reformas institucionales que promuevan una mayor transparencia, rendición de cuentas y mejorar los mecanismos y procedimientos de control. Esto pasa por fortalecer el sistema de compras del Estado, simplificación normativa (mientras esta sea más compleja y enredada mayores los incentivos para la corrupción), designación de personas idóneas y muy profesionales en la administración pública, comunicación continua con la ciudadanía (mediante la prensa libre), entre otros. Lamentablemente, vemos con cierta desazón que muchos de estos elementos no están presentes hoy.
Los peruanos estamos cansados de la corrupción y de sus impactos negativos sobre nuestra sociedad. Los ciudadanos tenemos que exigir un combate firme a este flagelo. Nuestro futuro depende de ello.