¡Ya sé! La Constitución, el Código Penal y la Declaración de Derechos Humanos establecen que la presunción debe ser de inocencia, tocando a los poderes públicos probar la culpabilidad de las personas. Magnífico. Pero eso es tarea del Estado. Aquí me refiero a nosotros, millones de peruanos que tenemos derecho a formarnos opiniones propias sobre el carácter y la actuación de los millares de autoridades que elegimos, confiándoles la responsabilidad de disponer sobre buena parte de nuestra vida personal y colectiva.
¿Y cuál sería la opinión mayoritaria? Que, salvo excepciones, son una calamidad, elegidos por creerlos males menores frente a los otros o esperanzados en que harán algo bien. Penosamente, nuestro país es hoy una “Kakistrocracia”, gobierno de los peores, porque han logrado espantar y excluir a innumerables ciudadanos de bien, competentes y honestos.
Y será cada día peor si no se reduce la elección de delincuentes, ignorantes y corruptos. Si los “filtros” tuvieren un mínimo de eficacia, las cosas cambiarían. No es hoy el caso. Partidos políticos y frentes parecen aspiradoras de “inversionistas” decididos a mejorar su situación, no la del pueblo, con nuestro esfuerzo y dinero.
¿Qué se les exige para postular? Una ‘declaración jurada’ que ya trae datos del Reniec (identidad), Minedu-Sunedu (educación), Sunarp (inmuebles) y sentencias penales firmes. Los postulantes consignan sus ingresos y rentas. Y, gracias al Tribunal Constitucional, pueden postular hasta condenados por terrorismo.
El resultado es lo que vemos. Presidentes, ministros, gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales, más millares de ahijados, paisanos y familiares que metieron al Estado, son investigados, procesados y sentenciados. ¿Cuánto más abuso de autoridad, cobro indebido, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos soportaremos los peruanos? ¿Dónde se autoriza a congresistas “visitar ministros” para “gestionar obras públicas”? ¿Cuánto cuestan las investigaciones? ¿Qué tiempo duran los procesos? Y, la cereza, de ir a la cárcel, rara vez, debemos mantenerlos. ¿Queremos alcanzar a Venezuela en nivel de corrupción?
¿Queremos realmente progresar? Para empezar, se debe incluir en la ‘declaración jurada’ información de Sunat sobre si hubieran presentado declaración de impuestos los últimos diez años, y de si figuran en los registros de denuncias, investigaciones y procesos.
Más importante aún, que se gasten unos soles en Infocorp y la Superintendencia de Bancos para que tengamos información cierta sobre sus deudas, denuncias, protestos y empresas. ¿Acaso no alegan que quien no la debe no la teme? ¿Entonces, qué esperan?
Todo eso debe hacer parte de las indispensables y urgentes reformas electorales. ¿Alguien puede creer que con las disposiciones actuales las elecciones, este año, el próximo o en veinte, no impondrán a los hampones de hoy o a sus hijitos? ¡Por favor!
Y nosotros, 33 millones, tenemos que abrir los ojos. La corrupción no es un acto onanista. Es imposible de cometer sin conocimiento de algunos o muchos. Estemos alertas, vigilantes y busquemos las maneras de hacer que se conozcan. ¿O es que no nos roban a nosotros?