[Opinión] Felipe Morris: Propuesta de reforma previsional chilena

La semana pasada, el gobierno chileno anunció una reforma previsional que empezó un debate que será zanjado en su Congreso. La propuesta de reforma tiene algunos aspectos positivos, pero lo negativo les supera. Por el lado positivo cabe mencionar: mayor competencia en la administración de fondos permitiendo a nuevos operadores distintos a las AFP, la introducción de la comisión sobre saldos administrados (algo ya existente en el Perú desde hace varios años) e indicar que la renta vitalicia será el mecanismo exclusivo al momento de la jubilación (opuesto a lo que ocurre en el Perú con la absurda ley del 95.5 que desvirtuó el propósito del ahorro previsional).

Los aspectos más negativos de la propuesta incluyen la creación de un “seguro social” para administrar un aporte previsional por parte de los empleadores que gradualmente llegará al 6% del sueldo del trabajador, en el que 70% se destinará a una cuenta individual para asegurarle un complemento de pensión y el otro a pagar pensiones solidarias y otros beneficios a terceros (que deberían financiarse con ingresos fiscales). También figura la creación de una administradora de inversiones pública que compita en el mercado, y la centralización del back-office de las administradoras bajo una entidad pública, cuando más eficiente habría sido que la manejen los propios privados en forma unificada, como ocurre con el seguro de invalidez y sobrevivencia.

El costo fiscal, aún desconocido, será alto al incluir un incremento de la pensión garantizada universal a 270 dólares mensuales a todos los jubilados actuales y futuros; y los costos de aportar el 6% que corresponde a los empleados públicos, de implementar la nueva administradora de inversiones estatal, el “seguro social” y la nueva centralizadora de las cuentas de los afiliados. El propio gobierno reconoce que para financiar la reforma se requiere aprobar una muy criticada reforma tributaria.

Es poco probable que una reforma previsional tan ambiciosa se apruebe sin cambios sustantivos; por ello muchos especialistas recomiendan que se haga gradualmente, empezando por lo más crítico. Cuando los empleados caigan en cuenta de que el 6% probablemente implicará un menor aumento de sueldos para muchos de ellos en el futuro, difícilmente apoyaran la reforma. Los afiliados ya expresaron su desacuerdo con que el 30% del aporte de los trabajadores se vaya a un sistema de reparto. Preocupa también que el aporte adicional del 6% del sueldo promueva la informalidad (representa casi un 60% de aumento en los aportes previsionales) e impacte negativamente las finanzas de muchas empresas. Sigamos muy de cerca este proceso para evitar importar una mala reforma, como muchas veces hemos hecho.