Acorralado y preocupado por manifestaciones y paros en distintos lugares del país que reflejan el desencanto con el Gobierno y las distintas alzas de precios, el domingo el Ejecutivo promulgó dos decretos: el primero aumenta la remuneración mínima vital de 930 a 1,025 soles y el segundo elimina el impuesto selectivo al consumo al diésel y a las gasolinas debajo de 95 octanos. Lo preocupante del aumento de la RMV es que se hizo sin respetar la institucionalidad al no tener aprobación previa del Consejo Nacional del Trabajo ni un análisis técnico del impacto sobre la productividad de las empresas, particularmente de las pequeñas. Además, solo beneficia a un porcentaje muy pequeño de la fuerza laboral. El segundo resulta en un subsidio ciego no focalizado cuyos principales beneficiarios no son los más necesitados.
Se debe evitar ingresar a una nueva fase de gobierno caracterizada por un conjunto de medidas populistas para tratar de calmar a la calle. Este camino es peligroso ya que afectaría nuestra situación fiscal y solo resultaría en simples paliativos que son muy costosos y que mal focalizados no resolverían el problema de los más necesitados ni la insatisfacción con el Gobierno. Ya se anunció que se presentará un proyecto ley al Congreso para eliminar temporalmente el IGV a ciertos alimentos básicos, lo que beneficia principalmente a las clases media y alta con un alto costo fiscal. Se deben contemplar otras medidas más focalizadas, tales como distribuir alimentos a las ollas comunes u ampliar el programa de desayunos escolares, en vez de otras como nuevos bonos no focalizados o retiros de fondos en AFP y CTS, con bajo impacto social.
La necesidad que tienen el presidente y los ministros de rodearse de decenas de policías armados y equipados hasta los dientes como si fueran a enfrentar una turba de delincuentes cuando asisten a una reunión en una plaza pública evidencia que el pueblo ya no los apoya, si alguna vez lo hizo. Los problemas de este Gobierno no se resolverán con subsidios generalizados o dando prebendas, sino mejorando el funcionamiento de la administración pública, lo que requiere ministros con las calidades para nombrar a personas competentes y honestas en los distintos cargos públicos.
Seguir como ahora augura un futuro incierto al Gobierno y al país con un Estado cada vez más fallido, incapaz de promover la inversión para generar empleo de calidad o de revertir el deterioro generalizado de los distintos servicios públicos. Sin un cambio de esta naturaleza, la insatisfacción y las demandas continuarán.