Foto: MENAHEM KAHANA / AFP
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La semana pasada, el Congreso argentino desaprobó la llamada ‘Ley Ómnibus’ que contemplaba importantes medidas para facilitar la estabilización y reordenamiento económico, incluyendo propuestas para incrementar ingresos fiscales, desregular sectores claves de la economía, y facilitar la privatización de empresas, entre otras. Esta desaprobación, que ocurrió a pesar de que el Gobierno hizo cambios importantes al proyecto original con la intención de obtener el apoyo de la oposición, representa un duro revés al gobierno de Milei y muestra lo difícil que es hacer reformas sin mayoría congresal y sin gestionar un consenso político.

Este revés nos muestra también que el camino hacia la estabilización es duro, largo y no exento de sobresaltos y contramarchas. Igual ocurrió en el Perú en los noventa, donde muchos recuerdan el shock de agosto del 90, olvidando que solo fue el inicio de la estabilización y que esta tomó varios años y requirió la aprobación de muchas leyes e incluso una nueva Constitución. Los analistas coinciden en que, a pesar de la desaprobación de la ley, el Gobierno argentino puede continuar con su agenda de ajuste fiscal y monetario para luchar contra la inflación, pero las reformas estructurales que se necesitan para reorientar y destrabar la economía requieren cambios legales.

Las expectativas de los inversionistas se han visto afectadas, y una parte importante del programa de estabilización incluía atraer inversión para así generar más empleo y mayores recursos fiscales al Gobierno. Por ello, era importante la desregulación de sectores claves de la economía. Por otro lado, al no haberse aprobado los cambios fiscales que aumentaban los ingresos en alrededor de 2% del PBI, serán necesarias mayores reducciones en subsidios a los servicios públicos, a los jubilados, a otros programas sociales, y a las transferencias discrecionales a las provincias. Todo lo que tendrá un impacto social y político. Sin estos ajustes se incrementarán los riesgos de una mayor inflación y de una mayor volatilidad en el tipo de cambio, tasas de interés y precios de distintos activos financieros.

Luego del fracaso legislativo, el presidente Milei optó por retirar el proyecto indicando que prefiere que no se apruebe nada si la alternativa es una mala ley y que no está dispuesto a negociar con quienes destruyeron el país. La realidad es que en democracia es inevitable la negociación y difícilmente cambiará el país solo por la vía de decretos y resoluciones internas, y eso lo saben los inversionistas. Sin su apoyo, el ajuste se hace cuesta arriba. Por ello ahora se hace más necesaria que nunca una búsqueda de consensos para aprobar las reformas promercado que facilitan el crecimiento económico. Sin un paquete mínimo de cambios legales el peso del ajuste caerá con más fuerza sobre la clase media y los más pobres, por ello lo más prudente es una renegociación política, una tarea que será muy difícil. ¿Qué camino seguirá Milei?