[Opinión] Carolina Garcés: Proteger los derechos de niñas, adolescentes y mujeres

Por: Carolina Garcés - Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo

Este jueves 27 será la audiencia del proceso contra la Guía Técnica para Estandarización del Procedimiento del aborto terapéutico. La Defensoría del Pueblo aboga por su constitucionalidad, acorde con estándares internacionales de derechos humanos, que protegen a las mujeres ante un embarazo que arriesga su vida y salud integral. No tener en cuenta esto genera responsabilidad estatal, es un retroceso significativo en los derechos reproductivos y es una afrenta a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

El aborto terapéutico se despenalizó hace un siglo (1924), pero recién en el 2014 se emitió la guía para la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado. Así, se busca protegerlas ante la grave y excepcional situación que pone en riesgo su vida y salud (física y mental), especialmente de niñas y adolescentes embarazadas, en su mayoría por violaciones sexuales.

Solo entre enero y agosto del 2022 se atendieron 7,816 casos de violación sexual, siendo menores de edad un total 5,392; de esta cifra, un 93.9% eran niñas y adolescentes mujeres (MIMP). Peor aún, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Minsa, del 1 de enero al 25 de octubre de 2022, hay 1,187 nacimientos a nivel nacional cuyas madres tenían hasta 14 años.

Este panorama se torna más lacerante y revictimizante si no se contara con dicho protocolo, pues generaría graves consecuencias en su vida y pondría en riesgo su salud, sobre todo de niñas y adolescentes embarazadas. Las complicaciones del embarazo, parto y riesgo de muerte materna se acrecienta en madres que dan a luz antes de los 15 años, por el factor de riesgo obstétrico y perinatal, además de poder presentar alguna afectación grave o daño permanente a su salud física, mental, emocional y proyecto de vida.

Aguardamos una decisión acorde al marco nacional e internacional de derechos humanos por parte de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema.