El Ministerio de Vivienda ha prepublicado el reglamento de Acondicionamiento Territorial y Planificación Urbana como parte de la reglamentación de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible que apresuradamente se aprobó en el Congreso anterior.
El principal problema de la ley es que asume que los terrenos siempre suben de valor y, por lo tanto, el propietario debe pagar una tasa que va desde el 30% hasta el 50% como una forma de compartir la plusvalía con el Estado. Esta tasa establecida en la ley es expropiatoria e inconstitucional ya que, si le sumamos el impacto del Impuesto a la Renta, se estaría pagando tasas de hasta el ¡80%!
En lo que se refiere al presente reglamento, no hay una garantía de que el uso que tiene el suelo actualmente se mantenga hacia el futuro. Muchas veces se expiden normas administrativas, como cambios de zonificación, que limitan la capacidad edificatoria de los predios y esta inseguridad puede limitar las inversiones.
Además, el reglamento establece que si los municipios no actualizan los planes urbanos, no se les permitirá el otorgamiento de licencias de construcción ni cambios de zonificación. Se entiende la buena intención de esta parte de la norma, pero se puede terminar penalizando a los propietarios y a los ciudadanos por una falta que compete exclusivamente a las autoridades.
Me temo que los reglamentos no van a poder corregir algunas de las incongruencias contenidas en la ley. Requerimos una Ley de Desarrollo Urbano pero bien pensada y consensuada. Todos estamos de acuerdo con que los municipios deben planificar su territorio para dejar atrás a la invasión como la principal forma de urbanización. Trabajemos en ese sentido.