(Foto: GEC)
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Mivivienda es un programa exitoso donde el sector privado arriesga sus recursos en la construcción de las viviendas y el Estado se limita a proveer créditos y subsidios a las familias.

Para motivar la inversión privada, se dieron parámetros preferenciales como mayores alturas y otros, a fin de atraer el interés de las inmobiliarias, pero con la limitación de que las unidades no pueden venderse a mas 80 mil dólares.

Sin embargo, en los últimos tiempos, malos empresarios disfrazan sus proyectos como Mivivienda para acceder a mayores alturas, pero en realidad son proyectos dirigidos a los segmentos altos con valores por encima del máximo permitido. Ante esto, los municipios no han sabido (o no han querido) actuar para que no se haga mal uso de estos parámetros.

Aquí me permito hacer las siguientes sugerencias a los municipios: que en las licencias de edificación se establezca que la empresa está obligada a mostrar los contratos de venta dentro de Mivivienda, en el transcurso y al final de la obra y que el municipio puede paralizar la misma ante un incumplimiento.

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Asimismo, que el municipio no extenderá la conformidad de obra, requisito indispensable para el título de propiedad, hasta que la empresa no cumpla con lo anterior, lo que además puede ser fácilmente verificado con el Fondo Mivivienda.

También se debe exigir que en el cartel de obra figure lo antes señalado para que los compradores sepan que si no están comprando dentro de Mivivienda, no podrán tener su título de propiedad respectivo.

Así deben actuar los municipios y no con ordenanzas inconstitucionales prohibiendo edificios de Mivivienda, pero permitiendo los dirigidos a los sectores más pudientes.

Lea mañana a: Juan Stoessel

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