A estas alturas de la contienda, la hipótesis de fraude en mesa hace agua por todos lados: no hay ni pruebas ni indicios contundentes que la confirmen. Y si inicialmente podía quedar duda sobre el genuino deseo de Fuerza Popular y sus aliados de conocer la verdad electoral, los últimos sucesos y los constantes cambios en la narrativa del fujimorismo indicarían que el objetivo es, en realidad, deslegitimar a las autoridades electorales y a todo el proceso. Estas acciones temerarias están dando paso a que, desde ciertos sectores, se ponderen acciones al margen de la Constitución, como la anulación de las elecciones o, incluso, la intervención de las fuerzas armadas. La idea que subyace a estas aspiraciones antidemocráticas es que todo vale con tal de conjurar el comunismo.
La “declinación” del fiscal Luis Arce, investigado por sus presuntos vínculos con los Cuellos Blancos, a formar parte del pleno del JNE marca un límite, y no representa más que un ardid para dejar al JNE sin quórum, deslegitimar a las autoridades electorales, y demorar el proceso e impedir que se pueda proclamar al ganador a tiempo. Arce pudo haber sentado su posición con su voto singular, pero decidió retirarse, patear el tablero y prestarse al juego de quienes abrazan los cauces inconstitucionales.
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Pero ya estuvo bueno, si es que no se pone fin a esta campaña de deslegitimación del proceso electoral entraremos a un punto de no retorno. A quienes no votamos por Castillo, porque tenemos una legítima preocupación de que el suyo sea un gobierno estatista y antidemocrático, nos corresponde alejarnos de posiciones antidemocráticas que pueden arrojar el país a un espiral de caos y confrontación sin parangón en tiempos recientes; y convertirnos en una oposición militante, crítica y democrática.