[OPINIÓN] Ana Jara: “¡Qué buena raza!”

El actual Congreso —que junto a otras instituciones presenta un alto índice de desaprobación por parte de la ciudadanía— lejos de enmendar esa percepción pareciera estar enfrascado en debilitar aún más su imagen, a juzgar por la interposición de determinadas iniciativas legislativas que contravendrían el Código de Ética y su Reglamento, al no haberse informado, por lo menos en su texto, que de aprobarse afectaría directamente los intereses de su autor, lo que necesariamente sí se tendría que hacer durante el debate.

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El Proyecto N.º 5617-2022 ingresado a trámite el 25 de julio de 2023, promovido por un congresista que, según ha revelado y documentado Centro Liber, es sujeto obligado de pasar alimentos a su hija mayor de edad que cursa estudios superiores, y que en más de una oportunidad habría buscado infructuosamente en sede judicial exonerarse de dicha obligación. ¡Oh casualidad!, ¡oh maravilla!, la citada iniciativa busca modificar un extremo del Código Civil para bajar la valla de 28 a 25 años como edad límite para recibir alimentos y de fijar a 13 como nota satisfactoria para que quienes sigan estudios superiores mantengan el beneficio de alimentos, entre otros cambios, todo lo cual le vendría a bien al padre de la Patria en sus pretensiones respecto a la extinción de sus obligaciones alimenticias.

El proyecto de marras es altamente cuestionable no solo porque es promovido por quien sería juez y parte del costo-beneficio de la norma, sino también porque busca poner parámetros a un Derecho Fundamental de las Personas, que es el de los Alimentos, un Derecho Humano en sí, que es “intransigible e incompensable” (artículo 487º del Código Civil) en favor de los alimentistas.

Si hubiera alguna controversia, alguna circunstancia de excepción que tenga que dilucidarse en referencia a los montos, forma y modo de los alimentos, estos se dejan a la discrecionalidad de los jueces o en su caso, los Centros de Conciliación debidamente autorizados y registrados para garantizar la imparcialidad del proceso y sus acuerdos.

¡Qué buena raza!, la posición privilegiada de quien por mandato constitucional tiene iniciativa legislativa, de uso para impulsar proyectos que directa o indirectamente pudieran favorecerle, debe merecer la condena general de la ciudadanía y mínimamente una investigación en la Comisión de Ética.

A todo esto, echémonos a ver qué parlamentarios respaldaron o se adhirieron al cuestionado proyecto de ley, ¿fueron sorprendidos? Lo ético es que conocidos los hechos retiren sus firmas.

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