(Foto: PCM)
(Foto: PCM)

A quince meses de la era Boluarte ya vamos por la segunda crisis ministerial según lo señalado por la Constitución ante la renuncia de un presidente del Consejo de Ministros (Angulo y Otárola), en la que en teoría todos los ministros del gabinete deben renunciar; no obstante, se ha hecho costumbre que la mayoría, sino todos, sean juramentados nuevamente en sus cargos y que el único recambio sea el titular de la PCM. De los intríngulis que provocaron la renuncia de la autoridad más poderosa del país, después de la jefa del Estado, Alberto Otárola, el número dos en el Ejecutivo, impensable hasta hace unos días, se encargarán de dilucidar los operadores del Derecho, dado que él ha denunciado un complot en su contra, sindicando a estar detrás de este a un expresidente de la República, lo que reviste gravedad. Por lo pronto, siendo que el otrora premier gozaba de la simpatía de varias bancadas en el Congreso que ostentan votos mayoritarios, dificulto prosperen en este periodo legislativo, las acusaciones constitucionales que se le han interpuesto y de ser el caso, un eventual levantamiento de inmunidad; empero el sensible tema de las investigaciones por el manejo de las protestas sociales ocurridas a la caída del golpista Pedro Castillo, seguirán su curso en los otros fueros.

Respecto a su reemplazo, el abogado Gustavo Adrianzén, hasta hace unas horas representante permanente del Perú ante la OEA, no estaba en el radar de los voceados para asumir el premierato, su designación tomó por sorpresa a las redacciones de prensa y a muchos políticos. Visto su perfil de abogado con especialización en Derechos Humanos y hombre directo y frontal, se puede inferir que la presidenta Boluarte ha apostado por un cuadro de fuerza de choque, que defienda a capa y espada su gobierno respecto a las imputaciones de represión de las citadas protestas donde lamentablemente fallecieron cincuenta peruanos.

Dado al cambio repentino de la PCM, ello explicaría en mi opinión, el que no se haya dado la renovación de ministros en sectores cuyos titulares no han dado muestra de una gestión eficaz, los más llamativos Interior y Salud. Pero esperemos se den pronto, ya que el hampa y la delincuencia se han encimado sobre el Estado, entre tanto hay poca evidencia en la estrategia de vacunación del COVID-19 y el pésimo manejo para contrarrestar la epidemia del dengue, que es recurrente en el Perú con mayor intensidad en el verano ante la presencia de lluvias, sin que se conozca de campañas masivas de fumigación con el costo de vidas humanas que pudieron prevenirse. Y aquí es justo decir que esta es una responsabilidad compartida con los gobiernos regionales que esperan que todo lo resuelva “papá gobierno”. Es una vergüenza que en la mayoría de centros de salud no haya siquiera reactivos para descartar el dengue ni la mínima infraestructura para atender las emergencias. La historia de siempre.