[OPINIÓN] Alfredo Torres: “Ni ingenuos ni desertores”

El profesor de la Universidad del Pacífico Alberto Vergara es considerado el analista político más influyente según la Encuesta del Poder que hace Ipsos para Semana Económica. Es natural, entonces, que medios como El País le pidan un análisis como el que publicó recientemente titulado “Perú: un año, dos desgracias”. En él, califica a Pedro Castillo y Dina Boluarte de harinas del mismo costal y amateurs sin pudor que surgen de una política descompuesta, “poblada de personajes pasajeros fácilmente capturados por intereses ilegales”, hasta ahí un análisis con el que muchos podrían coincidir.

Pero, a renglón seguido, acusa al empresariado de haber desertado del consenso democrático y lucir satisfecho frente a la “masacre institucional y económica” en curso, y sustenta su aseveración en la encuesta que hizo Ipsos para Semana Económica que encontró que el 71% de los gerentes generales aprobaba la gestión de Boluarte, con lo cual concluye que “más que de la democracia parecieran querer desertar de la nación”.

En mi opinión, la suya es una conclusión injusta. La encuesta citada fue hecha en mayo, a pocos meses del fracasado golpe de Estado de Castillo. En consecuencia, refleja el justificado alivio que sentía un sector informado de la ciudadanía, y con importantes responsabilidades sobre el empleo de mucha gente, ante la caída de Castillo y lo que habría ocurrido si lograba su objetivo.

El ideario de Perú Libre, el partido que llevó a Castillo al poder, era bien claro. Según este, la Constitución vigente es “individualista, mercantilista, privatista y entreguista”, y era necesario ir a una asamblea constituyente que permita “plasmar un nuevo régimen económico diametralmente opuesto”. Es probable que Castillo haya precipitado torpemente el golpe de Estado con la intención de eliminar las pruebas de corrupción que había acumulado contra él la fiscal Marita Barreto, pero no se puede descartar que en su entorno la ambición era cerrar el Congreso e intervenir el sistema judicial, tal como lo hizo Alberto Fujimori en 1992, solo que para instaurar un modelo similar al de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quienes –dicho sea de paso– también usaron la figura de la asamblea constituyente para enquistarse en el poder.

En cuanto estuvo claro que Boluarte no seguiría los pasos de Castillo, muchos empresarios respiraron aliviados, de la misma manera que un alma que se creía rumbo al infierno descubría de pronto que cayó en el limbo. Pero alivio no es sinónimo de entusiasmo. Lo que ocurre es que, por el bien de sus empresas, quisieran “volver a creer para volver a crecer”, como decía el lema de la última CADE, porque la alternativa que se quiere evitar es precisamente “desertar de la nación”.

Si se observa con detenimiento, hay muchas señales de un creciente compromiso empresarial con el país. Además de IPAE Acción Empresarial (que organiza CADE) y patronatos como el de la Universidad del Pacífico, han surgido en los últimos años muchas organizaciones que promueven valores democráticos y desarrollo social, tales como Perú Sostenible, Empresarios por la Educación, Capitalismo Consciente, Empresas B, Empresarios por la Integridad, Hombro a Hombro, Banco de Alimentos, Es Hoy, Peruanos por Peruanos, etcétera. Y es creciente la participación empresarial en asociaciones civiles como Transparencia, Proética, Prodemocracia y Coalición Ciudadana. Recientemente vimos también un encomiable acuerdo entre la Sociedad Nacional de Industrias y Capeco con la CGTP y la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil para marchar juntos por la seguridad ciudadana.

Muchas de estas iniciativas están alineadas con la tendencia creciente en el ámbito empresarial de abrazar los principios de sostenibilidad ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG por su sigla en inglés). También se observa una creciente disposición a efectuar propuestas de reformas políticas, como las que han formulado IPAE y la Cámara de Comercio de Lima o a plantear reformas para un desarrollo integral como, por ejemplo, las que elaboran frecuentemente el Instituto Peruano de Economía (IPE), el Consejo Privado de Competitividad, REDES o Apoyo Consultoría, la empresa líder en servicios de asesoría empresarial, que este mes reclama la necesidad de un cambio de rumbo en las políticas del Gobierno, priorizando “la lucha contra la inseguridad ciudadana, la provisión de servicios públicos esenciales, el fortalecimiento de la democracia y la promoción de la inversión generadora de empleo de calidad”, propuestas orgánicas a las que se pueden sumar las que pergeñan muchos empresarios en columnas periodísticas como las que alberga Perú21.

Sin duda, falta mucho por hacer. Muchas de las organizaciones mencionadas podrían hacer más por incorporar en sus filas a empresarios medianos y pequeños, por ejemplo. Evidentemente, hay empresarios que adoptan posiciones extremas, pero lo mismo podría decirse de abogados, periodistas y otros profesionales. En una democracia hay diversidad de opiniones. Pero que existe un movimiento empresarial importante que cree en la defensa de las instituciones democráticas y que lucha por defender al Perú del avance de intereses ilegales es algo que no se puede soslayar.

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