[Opinión] Alfonso Bustamante Canny: “Política y empresa”

Pero las experiencias recientes nos demuestran que el sistema electoral actual nos obliga a elegir al mal menor en la segunda vuelta, quien inevitablemente iniciará su mandato presidencial sin respaldo político ni popular. En los comicios de 2021, los peruanos tuvimos que elegir entre 20 candidatos presidenciales en primera vuelta, ninguno de los cuales alcanzó siquiera el 20% de la preferencia electoral.

Urge entonces corregir nuestros procesos:

Los partidos políticos deben reforzar su gobernanza, con un código de integridad donde impere el honor, con verdaderas elecciones internas, preparación de cuadros descentralizados y con un plan de gobierno enfocado en el desarrollo de las personas.

El Poder Ejecutivo y el Congreso deben propiciar una reforma política que evite la dispersión de candidaturas, elevando la valla electoral y permitiendo la reelección congresal a fin de evitar la impunidad política sobre su gestión. También se debe proveer de mecanismos que permitan acceder a financiamiento público a los partidos políticos que superen esta valla y cuenten con instrumentos para rendir cuentas de manera transparente.

Como consecuencia de la inestabilidad política generada por el gobierno de Pedro Castillo, en los períodos 2021 y 2022, la Bolsa de Valores de Lima reportó que las empresas priorizaron el reparto de dividendos frente a la reinversión de utilidades, lo que se refleja en un decrecimiento de la inversión privada del 12% en el primer trimestre de 2023.

Según el Banco Mundial, “la inversión privada impulsa el crecimiento económico al fomentar la creación de nuevas empresas, la generación de empleo y el desarrollo sostenible. Estos factores ayudan a reducir la pobreza, mejorar los niveles de vida y aumentar la capacidad adquisitiva de la población”.

En el Perú la inversión privada representa más del 85% de la inversión total del país, por ello urge recuperar la confianza y promover la inversión privada con políticas transparentes y predecibles, con gestión pública eficiente, justa y sin sesgos represivos ni desmesuradas sanciones, que acompañen el crecimiento y no lo ahuyenten.

Avisados estamos: no hay cuerdas separadas entre política y empresa.