[OPINIÓN] Richard Arce: “Vuelve la burra al trigo”

Uno de los mayores escándalos en el gobierno de Pedro Castillo fue la grosera intromisión en la institucionalidad de la Policía Nacional, al extremo que se traficaron ascensos. Según la Fiscalía se pagaba para ascender, el propio Bruno Pacheco confesó que el dinero encontrado en el baño correspondía a una de esas coimas que cobraban en Palacio.

Pero no solo fueron los ascensos de los altos oficiales de la Policía, sino también recordemos el ruleteo de destaques y traslados de los suboficiales de la Policía, que también pagaban una tarifa para lograr el ansiado destaque o movilización a la sede que tanto deseaban, previo pago, por supuesto.

Recordemos también que Castillo se dedicó a reincorporar oficiales de la Policía que tenían procesos en Inspectoría y hasta en el Poder Judicial, algunos con sentencia incluida y que estaban inhabilitados para seguir ejerciendo funciones. A Castillo le importó un bledo y los repuso en sus cargos y hasta fueron ascendidos y recibieron reconocimientos, convirtieron a la institución policial, con estos direccionamientos, en su chacra.

Con tantos antecedentes, sorprende que la presidenta Dina Boluarte permita los caprichos de su actual ministro del Interior, Víctor Torres, al extremo de trasladar sus diferencias personales con el director de la Policía Nacional, Jorge Angulo, al plano institucional de su función. Por eso ahora se rompe el hilo por el lado más débil con el controversial pase a retiro y evidente revanchismo, aprovechando la coyuntura de la agresión a la presidenta en Ayacucho. Es tan burda la maniobra que hasta se olvidaron que la responsabilidad de la seguridad de la presidenta está a cargo de la Casa Militar y ahí no removieron a nadie.

Es evidente que buscaban una excusa para el pase al retiro del alto mando de la Policía, por lo que ayer durante una ceremonia policial, el propio general Angulo no se quedó callado y rechazó la decisión calificándola de ilegal y abusiva. Por cierto, no hay causal de falta grave según la Ley 31570; mostrándonos la debilidad del Gobierno y su incapacidad para dirigir un tema tan sensible como la seguridad ciudadana.

Tanto pretendieron desmarcarse del gobierno de Castillo, que terminaron con las mismas miserias e incoherencias, lo que confirma que no tienen ningún plan y menos una política para abordar la inseguridad ciudadana, primando las angurrias y revanchismos de sus ministros desbocados, dejando a la presidenta en el aire o cómplice con su silencio.

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