Brasil: Miles salieron a las calles a protestar en contra de la corrupción que destruye el país. (EFE)
Brasil: Miles salieron a las calles a protestar en contra de la corrupción que destruye el país. (EFE)

Los escándalos de corrupción, destapados por Lava Jato, han puesto en evidencia que los partidos políticos y algunas grandes empresas se habían puesto de acuerdo para saquear el Estado, y que los partidos políticos financiaban sus campañas con sobornos.

Por ello, la Corte Suprema (STF) y el Congreso prohibieron el financiamiento privado de las campañas electorales. Ello generó un problema para los partidos políticos, pues en las elecciones de 2014 las empresas habían hecho “donaciones” por casi mil millones de dólares, y esa fuente ha sido prohibida.

Ahora, los congresistas y el STF han liberado un fondo público de cerca de 800 millones de dólares para financiar las campañas de los partidos políticos en 2018. En medio de una crisis económica y fiscal, los políticos han optado por sacrificar los presupuestos de educación y salud, aumentar el déficit y expandir la deuda pública para financiar su reelección.

El 98% de ese fondo será distribuido entre los partidos basándose en su fuerza electoral en 2014 y su número de congresistas. Es decir, los partidos más grandes ya tienen garantizados los recursos para financiar su publicidad electoral. Los partidos nuevos tendrán derecho a 2% del fondo.

En este proceso electoral, la renovación será lo más importante, pero el electorado va a estar sometido al bombardeo publicitario de los políticos de siempre. Los corruptos ya se sienten vencedores. Sin embargo, la mayoría de la población va a estar buscando renovación, y ello va a generar espacios para nuevos actores. Es un momento de oportunidades. Quienes capten las expectativas de la población podrán neutralizar los millones de los corruptos.