El Ejecutivo presentó ayer los tres proyectos de reforma política para el referéndum propuesto por el presidente Martín Vizcarra el 28 de julio (además de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura).
El referéndum debe convocarse al más breve plazo, en fecha coincidente con una de las dos elecciones previstas de autoridades regionales y locales. Si a alguien no le parece positiva la no reelección de congresistas o la creación de un Congreso bicameral con 130 miembros, pues bien, que vote en consecuencia. Manifestarse a favor o en contra de cada planteamiento es un derecho de todos.
Porque en las actuales circunstancias, la importancia del referéndum no reside solo en la corrección de cada pregunta, sino en la posibilidad de que los ciudadanos se expresen directamente ante una crisis judicial y política, así como una extrema falta de legitimidad de las instituciones (basta mirar las encuestas).
¿Qué quiere decir esto? Que ante la falta de confianza en las instituciones (incluidos los partidos) y en la mayor parte de los dirigentes políticos, el referéndum abre las puertas para un debate nacional; es decir, para la politización de la ciudadanía en el mejor de los sentidos. El referéndum permitirá acercar la política a la gente cuando, precisamente, el alejamiento ha dañado la confianza en el sistema político y el Estado.
Sin pecar de ingenuos, es un momento ventajoso para que la política y algunas decisiones centrales pasen a manos de quienes teóricamente, en democracia, son los verdaderos poseedores del poder. Los reparos de forma o contenido puntual son, todos, secundarios.