Si en las elecciones de 2016 algo quedó claro y obtuvo consenso entre observadores extranjeros, analistas y políticos peruanos, fue que las normas electorales debían modificarse sustantivamente para evitar el ingreso de dinero ilegal a las campañas electorales y a los partidos. Sin embargo, el resultado del trabajo del Congreso es, hasta ahora, deficiente. El dictamen aprobado en primera votación no establece topes para el total recaudado por actividades de financiamiento proselitista, como fiestas, polladas o cocteles. Solo pone límites a cada actividad, con lo cual una agrupación puede hacer decenas de actividades y recaudar mucho más de un potente 10% o 20% del total.
Según el Observatorio de Integridad, promovido por Transparencia, Proética, la U. del Pacífico y la Católica, en la agenda del debate sobre normas electorales no se ha instaurado que las organizaciones políticas publiquen cada año una declaración jurada con el detalle del origen de sus fondos. No se han incluido tampoco facultades coactivas para que los órganos del sistema electoral garanticen el cumplimiento de las normas. La ONPE se quedará, como hasta ahora, “sin dientes”. Muestra de ello es que el régimen de sanciones por dar información falsa o incompleta solo establece penas graduales y de carácter pecuniario, pero no sanciones políticas, como suspender el reconocimiento legal de una agrupación o retirarla si persiste en violar las normas.
Tampoco habrá sanciones políticas si se reciben aportes ilícitos o si no se respeta el impedimento de donaciones anónimas a las organizaciones y a las campañas. Algo semejante sucede con el acuerdo del Pleno de que deben bancarizarse –esto es, entregarse vía una entidad bancaria– los aportes superiores a una UIT: también en este caso se contemplan solo sanciones pecuniarias y no sanciones políticas. Pagas la multa y listo.
Es preocupante que, a pesar de las graves acusaciones por presuntos financiamientos ilegales de los partidos, el Congreso actúe con tal tibieza.