Como parte de políticas colonialistas, en nombre del discurso civilizador se han desplegado acciones arrasadoras contra pueblos, culturas e individuos, así como contra el medio ambiente. El “progreso” no ha sido siempre respetuoso. El mito del progreso como un componente central del proceso civilizador a menudo ha estado marcado por la intolerancia y la falta de reconocimiento y diálogo con los que son “objeto” civilizador.
La idea de fondo es que, por ser “atrasados” e “ignorantes”, quienes provienen de culturas distintas a la hegemónica –como los pueblos originarios– no pueden saber qué les conviene. En esta lógica, los “civilizados” –aquellos que supuestamente saben– son necesarios porque saben mejor qué beneficia y qué perjudica a los “otros”.
El papa Francisco, hace solo unos días, puso especial énfasis en el cuidado de la Amazonía y las personas que la habitan: “La cultura de nuestros pueblos es un signo de vida. La Amazonía, además de ser una reserva de la biodiversidad, es también una reserva cultural que debe preservarse ante los nuevos colonialismos”.
Sin embargo, a pocas horas de escuchadas estas palabras, el presidente del Congreso promulgó la Ley 30723 –que el Ejecutivo no se atrevió a observar–, que le abre las puertas a la construcción de carreteras en zonas de frontera en Ucayali y a la destrucción de parques naturales.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana exige su derogación inmediata “por atentar contra la vida e integridad de los pueblos” de esa región. En paralelo, el Ministerio de Cultura considera que “existe sólida evidencia de que (las nuevas vías) en la Amazonía fomentan el crecimiento de actividades ilícitas, como el tráfico ilegal de madera, la minería ilegal y el narcotráfico” (El Comercio, 22/1/18).
Importantes instancias del Estado y algunos empresarios privados, formales e informales (e ilegales), siguen tratando la Amazonía como espacio de colonización y depredación. Ni el papa Francisco puede con ellos.