La vulneración de las libertades

El Estado de derecho (ED) es el sistema de normas e instituciones al que todos los ciudadanos debemos someternos. ¿Podemos decir que existe ED en el Perú? ¿Y este es suficiente para garantizar nuestras libertades? ¿Qué sucede cuando el ED es violentado desde el poder con la excusa de la democracia y la lucha contra la corrupción?

La ley establece que una apelación debe ser elevada a segunda instancia en un plazo de 24 horas. Pese a ello, la apelación de Fujimori y Silva a la orden de prisión preventiva aún no deja el despacho del juez Concepción. Este sostiene que la apelación será elevada cuando las diligencias y trámites respecto a todos los demás investigados hayan concluido. Y esperará a que todos presenten sus apelaciones.

Cuando se ordenó la prisión preventiva de Fujimori y Silva, se cuestionó que estas hayan sido dictadas sin permitir que el resto de investigados hiciera uso de su derecho de defensa. Ello atenta contra el debido proceso. Mientras Concepción se excusa en la complejidad del caso y en trámites administrativos, varios ciudadanos están presos. Privados no solo de su libertad, sino de su derecho a que una segunda instancia revise el fallo que los mandó a la cárcel. Difícil seguir sosteniendo que en el Perú existe debido proceso.

No hay nada más preciado que la libertad y el TC ha establecido que solo por razones muy excepcionales se debe privar de la libertad a una persona sin que previamente se haya demostrado judicialmente su culpabilidad. Pero a Concepción poco le importa.

Existe una persecución judicial contra los opositores del Gobierno. Casualidad o persecución política, decídalo usted. Lo cierto es que en el Perú los jueces y fiscales reciben capacitaciones con un sesgo ideológico. Cuando la justicia se imparte de manera sesgada, deja de ser justicia. Cuando las figuras legales se fuerzan para enviar a prisión por 36 meses sin acusación penal, a un ciudadano, político o no, no hay garantías constitucionales. No hay Estado de derecho.

En este proceso, las libertades ciudadanas están siendo afectadas. Todo ciudadano tiene derecho a participar en política y a financiar al partido de su preferencia. Entonces, ¿porque hay una persecución contra aquellos que financiaron a FP en 2011? ¿Por qué se cuestiona el derecho de un gremio de empresarios de defender el modelo económico?

Cuando acabe este proceso, los ciudadanos estarán cada vez más lejos de la política y de la función pública. Y entonces habremos dejado el país en las manos de los peores. Y usted que hoy celebra la persecución como justicia, no podrá decir nada.