Maria Cecilia Villegas: Perú, país minero

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL estimó que, en 2017, la economía crecería 2.6% y 3.5% en 2018. Por debajo de lo proyectado por el MEF.

El impacto del sector minero en la economía es importante y su paralización es responsable del magro crecimiento proyectado. De acuerdo con EY, la cartera de proyectos mineros que ascendía a US$63,928 millones (2014) se redujo a US$46,996 millones (2016). Uno de los principales problemas es la conflictividad social. Según la Defensoría del Pueblo, actualmente existen 177 conflictos sociales, 115 activos y 62 latentes. Las regiones con mayor conflictividad son Áncash (26), Apurímac (19), Cusco (15) y Puno (15). El 65% de ellos están relacionados con el sector minero.

Existe un impacto positivo de la minería en la pobreza e inequidad. Este es observado en provincias donde la actividad minera resulta en mayor consumo per cápita y menor incidencia de pobreza. Aunque los beneficios están distribuidos de manera desigual.

Más aun, el canon no estaría teniendo un impacto importante al no estar siendo invertido de manera eficiente. Ello por la falta de capacidades de gerencia pública. Nuestras autoridades locales no tienen suficiente capacidad técnica para sacar adelante a sus municipios y provincias. Por ello, demandan mayor presencia del Gobierno Central a través de la implementación de proyectos de educación, salud, infraestructura (pistas y veredas, agua, saneamiento), agricultura y seguridad.

El Estado tiene la obligación de llevar desarrollo a todas las provincias. Cuando no, los recursos son desperdiciados y quienes sufren son los ciudadanos sin acceso a servicios ni infraestructura. Si el gobierno quiere seriamente reactivar la economía, necesita ocuparse del sector minero. Facilitar las inversiones, reducir la conflictividad. Debe diseñar y liderar la estrategia de desarrollo de las zonas mineras.