Keiko desperdició todo su capital político en menos de tres años. 73 congresistas. Quiso tirarse al presidente que le ganó la elección por 41,433 votos desde que se enteró de los resultados. Ella y sus congresistas se creyeron los dueños del Legislativo y con sus formas imperiosas bloquearon proyectos de ley, blindaron amigos, impusieron la confrontación y se ganaron el rechazo popular. Su comportamiento es indefendible.
Pero no están siendo juzgados por ello. Ni por su soberbia. Para el fiscal Pérez, Keiko sería la líder de una organización criminal (FP) que tenía entre sus fines obtener el poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción del grupo empresarial Odebrecht, para que luego estando en el poder sean retribuidos. Así, FP habría recibido US$1 millón para la campaña de 2011 (hecho aún no probado).
En 2011, Odebrecht era la principal constructora del país. Aportaba a varias campañas y también financiaba publicaciones de universidades y premios de periodismo a través del IPYS. En esa época, no se podía saber que Odebrecht tenía un área dedicada al financiamiento ilegal para obtener privilegios.
Más aún, la conducta por la cual el fiscal esperaría abrir proceso contra Keiko, recibir un monto mayor al que la ley permite para el financiamiento de una campaña de un solo donante (Odebrecht) y registrarlo como si fuesen varios financistas, en 2011, no era delito.
A Keiko se le ha ordenado prisión preventiva sin respeto al debido proceso. Como sostiene Domingo García Belaunde, se han realizado “audiencias preliminares antes de una acusación fiscal que se exhiben al público sin existir proceso alguno. Las personas merecen reserva mientras no sean condenadas, esto no ocurre en ninguna parte del mundo civilizado”. Circo romano.
Además, el juez decidió adelantar su resolución sobre la prisión preventiva, exclusivamente para Keiko, sin haber permitido la defensa de los otros sobre los que se ha pedido prisión preventiva. El juez ordena la prisión sabiendo que sobre él pesa una recusación que será vista en apelación. También lo hace sabiendo que el TC ha establecido que solo por razones muy excepcionales se debe privar de la libertad a una persona sin que previamente se haya demostrado judicialmente su culpabilidad. Y sí, puede que la resolución sea revocada, pero Keiko habrá de pasar varias semanas en Santa Mónica.
Mientras tanto, el Estado de derecho y la seguridad jurídica son atropellados por un juez y un fiscal que juegan en pared emborrachados por el fervor popular y oenegero al que responden.