Año y medio después de que El Niño costero azotara el país, la reconstrucción está bastante atrasada. La Autoridad para la Reconstrucción tuvo muchos errores desde el inicio. En lugar de crear un ente ejecutor asentado en el MEF, se creó una institución que no quiso asumir la responsabilidad y optó por trasladarla a 306 diferentes unidades ejecutoras a cargo de más de 9,976 obras. Ello sabiéndose que los gobiernos subnacionales no tenían la capacidad para encargarse de la reconstrucción.
En mayo de este año se transfirió aún mayor responsabilidad. Hoy, el 45% de la responsabilidad de las obras la tienen los gobiernos municipales. Pese a que los arreglos institucionales entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales no funcionan. No existe ningún tipo de control sobre los gobiernos subnacionales. La corrupción campea y existen graves fallas en la prestación de servicios, pese a que tienen facultades y presupuesto.
En lo que va del año, se han transferido a los gobiernos regionales y locales afectados S/2,184 millones y, sin embargo, solo el 18% se ha ejecutado. Esta falta de ejecución perjudica directamente a los ciudadanos. Y de las grandes obras no tenemos nada. Tal como sostiene Abusada (EC 18/9/18), debimos contratar una empresa de ingeniería especializada de clase mundial para asesorar en el diseño, licitación y supervisión de obras agrupadas en grandes paquetes. Concentrando así la responsabilidad en grandes grupos de obras, con la eficiencia y eficacia que ello conlleva.
La experiencia con el terremoto de Pisco en 2007 debió habernos enseñado que en el Perú no tenemos la capacidad técnica para atender los proyectos de una gran reconstrucción. Pero la falta de liderazgo político y de rendición de cuentas lleva a nuestras autoridades a equivocarse una y otra vez. De acuerdo con el ministro Piqué, en 2019 se terminará la reconstrucción de las viviendas afectadas. 2.5 años después de la emergencia. Mientras tanto, cientos de familias viven en módulos temporales.
El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) fue considerado ideal para acelerar la ejecución de obras de reconstrucción. Sin embargo, las reglas fiscales han imposibilitado la ejecución de proyectos en regiones como Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Moquegua, Piura, Ica y Lima por un monto de S/198.3 millones. Mientras que el gobierno central no cuenta con capacidad presupuestal para la ejecución de OxI para el periodo 2018-2019. ¡Tenemos proyectos paralizados con empresas financistas en lista de espera! Y nadie que asuma la responsabilidad frente al país.