Este lunes, un grupo de conductores de “taxis colectivos” boicoteó la capital, con el fin de que las autoridades reconsideren “dejarlos trabajar” pese a que el servicio que ofrecen es ilegal. Esto terminó afectando a decenas de miles de ciudadanos, quienes no pudieron llegar a tiempo a sus trabajos.
El problema se agudizó en 2015, cuando el exalcalde Luis Castañeda dio marcha atrás a la reforma de transporte iniciada por Susana Villarán, al anular 31 adjudicaciones. Esto impidió que la oferta formal de transporte aumente (hoy deberían operar 5,000 buses, pero solo operan 850), la cual fue reemplazada por la oferta informal de los colectiveros.
La decisión de Castañeda, que implicó el repudio de un flujo de inversión al colapsado sistema de transporte limeño, nos dejó un servicio informal poco deseable por varios motivos: es más caro (S/3 vs. S/1.50), es menos seguro (no hay buenos filtros de choferes), genera congestión y contamina más (1 bus equivale a 25 colectivos) y no paga impuestos.
Así, una vez más estamos frente a un claro ejemplo de cómo la falta de inversión nos afecta a los peruanos de a pie; ya que por la incapacidad de nuestras autoridades y la falta de garantías hay pocos inversionistas formales dispuestos a invertir para satisfacer las necesidades que tenemos (Ej. transporte de calidad), y que terminan siendo cubiertas por la informalidad, con todos los problemas que ello genera.
Para que el problema de transporte en Lima se resuelva, hacen falta soluciones estructurales. Por ejemplo, el desarrollo de las Líneas 3 y 4 del Metro, que en conjunto moverían a 2.4 millones de ciudadanos al día, cuya viabilidad se daría este año, pero el Gobierno –para variar– está atrasado.