No pocas veces, y especialmente en el Perú, las políticas públicas tienden a tergiversarse cuando generan rédito político a ciertos actores. En esta ocasión, varios parlamentarios se montaron en el tren para criticar la potencial derogación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a casinos, que tan mal diseñó el MEF.
El ISC a casinos tiene dos finalidades. La primera radica en disuadir al usuario de participar en casas de juego y de esa forma combatir la ludopatía. La otra, como no podía ser, es incrementar la recaudación por parte del Estado. Hasta ahí, todo bien.
El problema surge en que, tal y cómo está formulado el ISC a casinos, no habría un desincentivo real para el usuario pues, en vez de gravar por juego y de esa forma encarecer la participación, el impuesto se aplica a los ingresos de los casinos. Quiere decir, poco hay de impuesto al consumo.
Ahora bien, los cuestionamientos en torno a la participación del congresista Miguel Torres en la derogación del ISC a casinos, gozan de buen fundamento, pues harto hay de acertado en sus nexos con un estudio de abogados que tiene dentro de su cartera de clientes a varios casinos. Mal heraldo para liderar la derogación.
El Ejecutivo debería trazar un nuevo plan de ISC para casinos que sí luche contra la lacra social que es la ludopatía y que además, grave al individuo por cada juego en máquina o mesa y no al operador. Cuestión aparte es sí debería existir este impuesto. Sin embargo, si lo van implementar; háganlo bien, por favor.