Ser alcalde en el Perú puede ser un oficio de alto riesgo, sobre todo en distritos donde dominan actividades ilícitas como la minería informal, el tráfico de drogas o la tala de bosques. Ser candidatos también es riesgoso. Hace unos días un potencial candidato en un distrito de Apurímac fue asesinado. De la misma manera, hace una semana un potencial candidato a regidor en Chorrillos también fue asesinado en las calles de su distrito.
Si bien es cierto que es posible que no todos los asesinatos de autoridades locales sean motivados por razones criminales, esta situación de violencia, aún menor, pero al parecer en escalada, tiene consecuencias importantes.
Una primera es que desalienta a participar a candidatos que pretendan enfrentar a estas mafias o que no quieran estar en un fuego cruzado entre grupos criminales rivales. Con esto se deja cancha libre a candidatos que de alguna manera evitan el enfrentamiento o que son aliados a los grupos criminales. Finalmente, las elecciones se vuelven menos competitivas y el gobierno municipal podría caer en manos de estas bandas criminales.
Si en algún momento un candidato decide enfrentarse a estos grupos, a pesar de poner en riesgo su integridad, es probable que, como una manera de ganar credibilidad ante los votantes de que tiene agallas para combatir a las mafias, puede usar el populismo punitivo como discurso de campaña y ya en el gobierno puede establecer un estilo autoritario.
El panorama no es auspicioso. Algunas plazas electorales se han vuelto muy codiciadas y las mafias no dudan en tomarlas o evitar que un rival las tome. Debemos mirar el espejo de México, en donde la violencia por el narco ha pasado de las calles a las elecciones y se ha infiltrado en los gobiernos subnacionales.