Crónica de una división anunciada

En mayo de este año, el exguerrillero Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, le escribió una carta a su camarada de armas de las FARC Iván Márquez en la cual criticaba su decisión de abandonar la política e internarse de nuevo en la selva a raíz de la polémica que se suscitó en el partido político creado por ellos por el caso de Jesús Santrich, el congresista acusado en 2018, por un juzgado estadounidense, de continuar vinculado al narcotráfico.

El acuerdo de paz Santos-FARC estipula que los exguerrilleros deben ser juzgados por la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que no pertenece al sistema jurídico del Estado colombiano. Santrich fue juzgado por una sala de la JEP, que decidió no extraditarlo y otorgarle la libertad. Entonces, un fiscal lo envió de nuevo a prisión y la Corta Suprema ordenó su liberación mientras lo procesaba. Santrich se fugó, aparentemente, a Venezuela.

En “La desaparición de Santrich” (2-7-19), publicado en el diario El País, Ariel Ávila reconoce que: “…A pesar del saboteo, de la estrategia de la Fiscalía General de torpedear el proceso de paz y de las presiones del gobierno (de) Duque para deslegitimar la justicia transicional, lo cierto es que con el caso Santrich se impuso el Estado de derecho, es decir, se le garantizó el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos políticos. Así que su desaparición es un golpe al acuerdo…”.

Los disidentes de las FARC que anunciaron que retomarán las armas acusaron al gobierno de Duque de no respetar los acuerdos de paz, pero el proceso al exnarcocongresista y la estadía de Londoño y otros ex-FARC en la política demuestran que el gobierno colombiano ha respetado el acuerdo de impunidad que firmó Santos por un Nobel de la Paz.