No hay democracia sin protesta

La “criminalización de la protesta” es un fenómeno real. Consiste en procesar desde diferentes lugares al disenso como delito y a quienes lo expresan como criminales. Extrae los problemas del espacio político y, vía la represión, los lleva al penal con el propósito de acallar voces y conservar la situación cuestionada (Zaffaroni).

Esta lógica autoritaria es muy peligrosa en países donde el sistema político no opera bien. Donde la representación no representa, donde no hay canales adecuados de participación o donde existen grupos excluidos del debate público. Allí, plazas y calles son a veces los únicos medios significativos.

Contra la lógica de la criminalización se plantea el enfoque de derechos. Propone entender la protesta desde los derechos a la libertad de expresión e información, reunión, participación y no discriminación. Es decir, desde la Constitución y los DD.HH., en vez del Código Penal. Acepta que protestar pueda generar molestias razonables a actividades cotidianas y que el uso del espacio público para hacerlo es tan legítimo como cualquier otro. Los grupos excluidos exigen mayor tolerancia. En este camino, el diálogo y no la bomba lacrimógena es el instrumento principal. La represión –como la dispersión de un bloqueo de carreteras– debe ser razonable y proporcional. Se justificará frente a violencia o puesta en peligro de la vida y la integridad.

Urge en el Perú un cambio de enfoque. Actualmente, tenemos 191 conflictos en curso –agravados por la suspensión de las mesas de diálogo debido a la pandemia y la crisis política– y, desde 2006, se registran 291 muertos y 5,358 heridos (Defensoría del Pueblo). Una cifra triste y vergonzosa. Como destaca el reconocido jurista Gargarella, debemos entender que la protesta pacífica es parte de la democracia y que sin ella “la democracia no puede subsistir”.