En nuestro país no es desconocido que la impunidad y la corrupción son los principales problemas que aquejan a la nación. Estas problemáticas opacan la buena gestión que pocas entidades públicas llevan adelante, sirviendo a la ciudadanía con integridad, eficiencia y transparencia, y procurando que los servicios y obras públicas estén verdaderamente al servicio de la sociedad.
La fiscalización de los fondos públicos usualmente resulta incómoda. Sin embargo, es necesario poner en la balanza la expansión y eficacia del control versus el aumento de la ineficiencia y la corrupción. ¿Acaso los peruanos nos merecemos que el mayor peso se incline a lo último? Yo creo firmemente que no.
Desde esta columna, reflexiono y discuto que los peruanos merecemos respirar un aire libre de inconducta funcional y corrupción; un espacio en donde las obras y servicios públicos que se nos brinden sean de calidad, y donde la impunidad y la ineficiencia no sean el sello de obras mal diseñadas que finalmente quedan como elefantes blancos; en donde no tengamos que preocuparnos del desabastecimiento de medicinas o del deficiente servicio de salud pública, o de vías de envergadura nacional como la Carretera Central, que no avanza porque el expediente técnico estuvo mal diseñado.
De ahí que, ante una Contraloría General independiente y fortalecida, con mayores capacidades analíticas, técnicas y operacionales para detectar e investigar riesgos de corrupción e irregularidades, que transparenta sus acciones —porque esa debería ser una de las principales motivaciones en la gestión pública—, la mejor salida pareciera ser la negación y la ofensiva; con decretos e iniciativas de ley cuyo objetivo revela que, a mayor gasto de los fondos públicos, menor control de los mismos, y porque algunos piensan que la Contraloría asusta y paraliza, sin sopesar que la actuación de malos funcionarios y servidores públicos nos genera miles de millones en pérdidas.
Entonces, ¿es acaso la mejor medida recortar las capacidades y recursos del control, debilitando su independencia, presencia y autonomía? Evidentemente, no.
En el mundo, la autonomía e independencia de las Contralorías es un principio fundamental para el buen funcionamiento de los sistemas de control y rendición de cuentas en el sector público. Como tal, se debe garantizar su capacidad para operar de manera independiente, sin interferencias externas, especialmente del Poder Ejecutivo o de las entidades que son auditadas. Así lo afirman los principios de auditorías de desempeño emitidos por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), que, en su norma 12, señalan que el valor y beneficio de estas entidades de control se centran en ser relevantes y generar un impacto positivo en la vida de los ciudadanos a través de su labor de auditoría. Y ello solo es posible protegiendo su autonomía e independencia financiera y administrativa, y asegurando los recursos humanos apropiados para esta función.
En los últimos días, la Contraloría General ha levantado la voz ante lo que consideramos un atentado a esa autonomía e independencia. Esto se evidencia en el proyecto de ley 08363/2023-PE motivado por el Poder Ejecutivo, que incluyó una disposición complementaria modificatoria que recortará de manera permanente los recursos a la Contraloría General a nivel nacional, generando el riesgo de que las actuales y nuevas inversiones no cuenten con el control adecuado, no se evidencien irregularidades ni se emitan las alertas necesarias para detectar y sancionar hechos de corrupción o de inconducta funcional en el Estado.
Estas consecuencias negativas no sucederán en mi gestión; mi mandato constitucional terminó, y dejo de ser contralor, pero siempre seré peruano. Como todos quienes amamos y respetamos al Perú, a sus leyes y sus normas, no puedo quedar callado ante “disposiciones nefastas” que no solo rompen los principios mundiales de la auditoría, sino que limitan su autonomía e independencia alcanzadas con mucho esfuerzo luego de implementar una reforma estructural durante siete años.
El control concurrente, modalidad que algunos buscan cuestionar y menospreciar —seguramente por desconocimiento—, reduce sustancialmente los daños económicos que la corrupción e inconducta funcional causan al país y que finalmente terminamos pagando todos los peruanos. Este modelo de control ha demostrado científicamente un ahorro de más de 1,000 millones de dólares en los últimos años y que las inversiones auditadas bajo este control avanzan casi 30% más rápido.
Exhorto a las autoridades y gestores a reflexionar sobre el futuro que queremos y sobre la importancia de abrir las puertas a las discusiones técnicas. Tenemos que empezar a tomar decisiones basadas en evidencia y no en percepciones o prejuicios. Con decisiones unilaterales no se puede gobernar un país en democracia, está en juego nuestro desarrollo. No creemos normas ni leyes para retroceder y debilitar el control y la buena gestión pública que tanto nos hace falta.
