Nadie está por encima de la ley

“Perú21 considera que el ex presidente García debe enfrentar a la justicia como cualquier ciudadano, como lo han hecho, por ejemplo, Humala y Fujimori”.
GOLPEADO POR EL METRO. Asegura que se allanará al pedido realizado por el Ministerio Público. (Mario Zapata)

El ex presidente Alan García solicitó asilo político el sábado por la noche. Se presentó en la residencia del embajador de Uruguay en el Perú y le pidió al presidente Tabaré Vázquez que atienda su demanda. Para explicarse, García redactó una carta en la que expone los motivos por los que necesita de la figura jurídica del asilo: sostiene que es un perseguido político.

Dice, además, que en el Perú se vive un clima de indefensión jurídica y que hay una lucha por controlar los poderes del Estado. Es, sin duda, un hábil juego de palabras, pero Alan García está siendo investigado por tres delitos comunes: tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Y la información llegada recientemente de Brasil debilitaría su defensa.

Hoy se sabe que los tiempos en los que García dio las conferencias por las que Odebrecht le pagó y los pagos que recibió, no coinciden. Además, los propios ex funcionarios de Odebrecht han reconocido que se le pagó de la caja número dos, la caja de contabilidad paralela desde la que Odebrecht pagaba los sobornos. García dice que no tenía cómo saberlo. Sin embargo, esta situación constituye un indicio nuevo que debe ser investigado.

Perú21 considera que el ex presidente García debe enfrentar a la justicia como cualquier ciudadano, como lo han hecho, por ejemplo, Ollanta Humala y Keiko Fujimori: dentro de los márgenes de la ley y defendiéndose con las armas que la Constitución y el Estado de derecho les provee.

Pedir asilo político no solo significa renunciar, en el caso de García por segunda vez, a que la justicia peruana indague donde debe; significa, también, hacerle un tremendo daño al país: con muchas dificultades, los peruanos vivimos en democracia y no hay perseguidos políticos. Lo que ocurre es que hay políticos que creen que están por encima de la ley.

En ese sentido, el ciudadano Alan García debe adjuntar pruebas de lo que expone en su misiva al presidente de Uruguay; y ese país debe exigírselas.

Antes de tomar una decisión, Montevideo debe solicitar a nuestras autoridades jurisdiccionales un informe sobre la situación penal del ex presidente aprista. El Perú vive carcomido por la corrupción, las acciones de fiscales y jueces independientes son respaldadas por la ciudadanía. Caiga quien caiga.

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