(Opinión) Mónica Delta: Palacio sitiado

La Casa de Gobierno amaneció ayer custodiada por miembros de las FF.AA. a exigencia del inquilino de turno. Esto, al día siguiente de que la fiscal de la Nación presentara una acusación constitucional contra él ante el Congreso, por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Es evidente la simbología militar que pretende exhibir Pedro Castillo. Miedo.

Pero vamos a la investigación fiscal, cuya etapa preliminar concluyó. Detuvieron a Biberto Castillo y Eder Vitón, exasesor del presidente y exasesor técnico del gobierno; a Salatiel Marrufo, exasesor de Geiner Alvarado (antes Vivienda, luego MTC). Además, entre las órdenes de captura dictadas por el juez Víctor Zúñiga, el mismo que determinó prisión preventiva para Keiko Fujimori, estaban el dueño de Sarratea, Alejandro Sánchez, a quien no encontraron; Abel Cabrera; y Auner Vásquez, exasesor del Ministerio de Justicia, ahora en la carceleta de la avenida España. Como se sabe, el exsecretario de Castillo Bruno Pacheco, quien después de estar prófugo se puso a derecho, ha sido fundamental para determinar el organigrama de indicios delictivos en el más alto nivel.

Nenil Medina, alcalde de Anguía, cumpliendo cárcel preventiva de 36 meses, al igual que la cuñada del jefe de Estado, Yenifer Paredes. Beder Camacho, exsecretario de Palacio hasta el martes en el Ministerio de la Mujer, sigue siendo una pieza clave en este ajedrez de presunción de delitos. Según versión de un colaborador eficaz, el presidente Castillo, tras el escándalo de Petroperú, le habría ordenado destruir pruebas y lanzar celulares al mar de La Punta, además de ayudar a Pacheco a mantenerlo fuera de la vista de la justicia.

La salida constitucional está en manos del Congreso, donde ya es tiempo que haga su trabajo poniendo en evidencia a los “niños acusados”, tres de ellos parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¡Plop!