(Opinión) Mónica Delta: “Derecho a la defensa”

Las cosas claras. Pedro Castillo es un golpista y se le investiga por serios indicios de corrupción. Castillo cometió el delito de rebelión en grado de tentativa al anunciar la disolución ilegal del Congreso y la intervención inconstitucional de los otros poderes. Castillo estaba y está consciente del acto que no pudo concretar porque las instituciones tutelares respondieron con la Constitución y el marco legal como sustento. Hay demandas legítimas y nadie debe morir por protestar. Sin embargo, un Estado debe utilizar todas las herramientas que tiene para defenderse y protegerse de actos violentos y ataques contra los ciudadanos, la propiedad pública y privada.

Es evidente que Castillo no actuó solo, y hoy es una pieza dentro de una estrategia radical e ideológica, interna y externa, que busca provocar confusión, caos y una falsa sensación de protesta masiva en “defensa” del expresidente. A los verdaderos azuzadores, que lo que buscan es quebrar el Estado de derecho en nuestro país, poco o nada les importa la vida de los más vulnerables, a quienes colocan como “carne de cañón”. La presidenta Dina Boluarte requiere firmeza y convicción para ponerse en el plano que la historia la ha colocado. Está obligada a hacer docencia política, aunque tenga que superar miedos y sesgos. No puede contentar a “Dios y al diablo” al mismo tiempo.

El adelanto de elecciones es una demanda mayoritaria, el Congreso debe tramitarla, pero es necesario hacer docencia política sobre por qué no puede ejecutarse de la noche a la mañana. Tiene plazos legales y debería haber acuerdos mínimos prioritarios para cambios indispensables para evitar continuar una crisis perpetua que ha provocado que haya seis presidentes en un solo quinquenio y un inconmensurable daño económico.

Para aquellos que piden la renuncia de Boluarte como solución, tampoco lo es. No implica una disolución del Congreso. Tendría que asumir el presidente del Legislativo, y este, llamar a elecciones generales. Como ocurrió con Paniagua y Sagasti. Pero, evidentemente, si se convoca, comienzan a correr los plazos electorales que toman los meses determinados por ley. La presidenta Boluarte considera que podría acordarse acortar tiempos para diciembre de 2023. Sin embargo, hay especialistas que indican que esto implicaría que no se haga ninguna reforma. La pelota está en cancha congresal; es indispensable que, cumpliendo las normas y garantizando mejores reglas de juego, tengan claro el sentido de urgencia que el momento exige.