Matar por las encuestas

La pena de muerte siempre regresa al debate público. Infaltablemente, nos la ofrece algún político necesitado de popularidad o que persigue un fin subalterno, aprovechándose de coyunturas dramáticas y del extendido mal de la candidez. Hoy es el presidente Vizcarra quien la señaló como una opción ante la crisis de violencia contra la mujer. Ayer, entre otros, fue Alberto Fujimori.

Como recuerda Pedro Planas (“La Constitución Traicionada”), el fujimorismo propuso la pena de muerte para los terroristas en 1992. Sendero estaba en retroceso y la captura de Guzmán se había dado por métodos de inteligencia. Pero el objetivo real era lograr que su proyecto de Constitución obtuviera respaldo en el referéndum para, entre otras cosas, obtener la posibilidad de reelección.

Los cuestionamientos de ayer son los de hoy. La pena de muerte no es efectiva para reducir el crimen (¿cómo nos fue cuando la aplicábamos?), perjudica la imagen del país, no hay garantías que eviten su aplicación equivocada, arbitraria o discriminatoria en manos de jueces, es inconstitucional (art. 1, 139.22, 140, IV), es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (tratado que ofrece el único tribunal al que podemos ir cuando no encontramos justicia en nuestro país).

Ha hecho bien la Defensoría del Pueblo al cuestionar la propuesta presidencial. En paralelo, el Tribunal Constitucional ha marcado el camino a seguir sobre la violencia contra la mujer. En sentencia reciente, rechazó la demanda de un presunto agresor contra las restricciones que le impuso la justicia, señalando que las medidas de protección urgentes, dictadas sin oírlo dado el riesgo existente, son constitucionales y responden al derecho de toda mujer a vivir sin violencia (03378-2019-PA). Para salvar la noche en la que estamos (Ledesma dixit), se requiere inteligencia. Un problema complejo no tiene solución simple. Exige atender causas y prevenir. Seguir la luz fugaz de las encuestas solo asegura extraviarnos.