Una de las ausencias más notorias del rol de reaperturas que recibieron luz verde del Gobierno en la denominada fase 2 del proceso de reactivación económica del país fue la de los centros comerciales, como lo han recordado ellos mismos en un pronunciamiento de la agremiación que los representa, la Accep, difundido el último domingo.
Allí argumentan, no sin razón, que habían puesto “a disposición de los ciudadanos las actividades esenciales desarrolladas en sus locales (supermercados, farmacias, bancos y ópticas), implementando en tiempo récord los más altos y rigurosos protocolos de seguridad para cuidar la salud de la población (pero que) a excepción de las actividades mencionadas, los centros comerciales siguen cerrados”, a pesar incluso de que hace más de un mes presentaron sus protocolos complementarios –siguiendo experiencias exitosas respecto a la contención del virus en distintos países europeos y asiáticos, principalmente– para que fuesen evaluados por el Ejecutivo, dentro de los cuales figura, por ejemplo, un aforo máximo permitido del 50% de su capacidad total.
Es increíble, pues, cómo se tiene paralizada una actividad, la de los malls, que desde el inicio de la cuarentena ha observado rigurosamente las disposiciones sanitarias a que la emergencia obliga, mientras que en el sector informal los ambulantes han tomado las calles en desorden, sin mayor cuidado ni protocolo que valga, poniendo en grave riesgo la salud de la ciudadanía, como es evidente en las imágenes que Perú21 ha publicado.
Los comercios formales, que además tributan y sostienen a 180 mil familias de manera directa y 500 mil en forma indirecta, no tienen, sin embargo, cómo generar ingresos, de los que solo por la recaudación del IGV aportan 5,900 millones de soles anuales al Estado. En estos momentos no son pocos los establecimientos que están entrando en procesos de quiebra o cierre, aparte de las consabidas reducciones de personal. No entendemos qué inconveniente conceptual ven allá, en las altas esferas del Gobierno, con permitir una reapertura cuyos posibles daños a la salud pública no se detectan si el problema se analiza de cerca y al detalle.