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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

No sé qué fue más preocupante, si el informe propalado ayer por la periodista Milagros Leiva (el cual reveló un caso más de espionaje, esta vez al ex presidente Alan García) o el cinismo con el cual algunos políticos y periodistas se despacharon ex post.

A ver, que no es tan complicado. El informe brindó evidencia de lo que, en inteligencia, se rotula Ovise (observación, vigilancia y seguimiento) en lo que pareciera un caso muy similar a los del ex congresista Jorge del Castillo y otros personajes. Los informes, en rigor, no son concluyentes, pero ameritan, sin duda alguna, una investigación seria e imparcial. Eso es lo que nuestra democracia exige y lo que uno hubiese esperado de la clase política y de los medios independientes.

Pero no. Como suele suceder con estas denuncias, saltan los fanáticos y los interesados a cuestionar no la legitimidad de la denuncia, sino la catadura moral de los potenciales agraviados.

Por supuesto que el fujimorismo en los noventa chuponeó, vigiló y siguió a rajatabla; nadie en su sano juicio discute eso. Como también existe amplia evidencia de que ello se habría realizado en el gobierno aprista; basta señalar el Plan Sábana, un caso de seguimiento al entonces candidato Ollanta Humala.

Y es que, justamente, de eso se trata. De no permitir que los errores (y horrores) del pasado se vuelvan moneda común.

¿No es más importante esclarecer si el actual gobierno está, en efecto, espiando a opositores (y aliados) del gobierno que ir despotricando contra quienes propalan esta información? ¿O sea que, si en el fujimorismo y el aprismo espiaron, ellos no pueden hoy gozar de los derechos que les corresponden (a sabiendas de que, tal vez, no lo merecen)?

O la ley es igual para todos o nuestro sistema político es un juego de suma cero: el que gana se lleva todo y el que pierde, pues, pierde hasta sus derechos. Si es así, entonces vamos por mal camino.

director@peru21.com