Un informe de Human Rigth Watch de octubre de 2005 dice que “al menos 2,225 niños y niñas en prisiones de los Estados Unidos (estuvieron) cumpliendo cadenas perpetuas por crímenes cometidos antes de haber alcanzado la edad de 18 años, sin la posibilidad de obtener libertad condicional”; asimismo, la misma entidad informaba en 2023 en su capítulo “Justicia de Menores” indica que “los menores siguen siendo juzgados como adultos en los 50 estados”. La realidad de la criminalidad que vive el mundo es muy preocupante.
El martes 18 de junio del presente año este diario indicó que según la PNP, 2,830 adolescentes de entre 12 y 17 años fueron intervenidos por infracción a la ley penal de enero a junio de 2023. Para nadie es un secreto que el uso de menores de edad para cometer crímenes como “sicariato” es recurrente en todo el país, asesinando personas con la misma lamentable eficacia que un adulto. No olvidemos tampoco el uso de los “pioneritos” de los terroristas del Vraem, a quienes los Quispe Palomino les enseñan uso de armas, técnicas terroristas y hasta han participado en atentados contra las Fuerzas Armadas y la población civil. ¿Los menores son conscientes? Creemos que sí.
El congresista Juan Burgos, de Podemos Perú, ha presentado un proyecto de ley para retirar inimputabilidad a adolescentes desde 16 años, es decir, a los menores implicados en actividades de sicariato y banda criminal. Como es obvio, la propuesta tiene defensores y detractores y el debate sobre este espinoso tema promete hartos argumentos en ambos sentidos. En las redes sociales muchos se han pronunciado a favor de esta medida, incluso a plantear que 16 años es muy poco, y, por el contrario, sería necesario bajarlos hasta los 12 o 13 años. Otros más radicales indican que se debe condenar a los menores a quienes una pericia sicológica indique si tiene consciencia sobre el bien o el mal para que sea acreedor de dichas condenas. Todo es debatible, pero legítimo.
Los menores que cruzan la línea hacia el crimen violento, hacia el delito cruel, tendrían tres responsables que hay que visualizar con claridad. Por un lado, los padres de familia, quienes por cualquier razón han perdido el control de sus hijos; la escuela, que no detectó a tiempo las conductas criminales de los menores; y el Estado, que no tiene una política pública para evitar este fenómeno en crecimiento. 5
Es por eso que hemos planteado que el Estado debe instituir obligatoriamente en el sistema educativo en todos sus niveles (inicial, primario y universitario) una enseñanza escalonada sobre la legislación peruana reforzada con valores para evitar llegar a estos niveles de medidas dolorosas para cualquier sociedad. Los padres deberían tener también responsabilidad penal porque son ellos quienes trajeron al mundo un ser que no merecía caer en las redes del crimen. Bienvenido el debate contra el “mal menor”. ¡Sí se puede!
