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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

Antes de ayer escuché al fiscal que liderará las investigaciones del caso Odebrecht en el Perú, Hamilton Castro, decir que no se allanarían las oficinas de la empresa en Lima, básicamente, porque no hay allí documentos ni materiales relevantes para la investigación en el Perú, ya que estos están en otras oficinas fuera del país. ¿Quién le dijo eso al Ministerio Público? Pues la misma empresa que, además, se allanó a pagar una especie de "adelanto" de la reparación civil que le corresponderá asumir cuando terminen las investigaciones y los procesos a los que aquellas den lugar.

Es verdad que, desde las primeras operaciones de detención de sospechosos e involucrados y allanamientos de oficinas en Brasil, han pasado casi tres años (primer trimestre del 2014). También es cierto que en ese lapso la constructora debe haber destruido una cantidad enorme de evidencia en sus oficinas de todo el mundo. Pero el mensaje de la Fiscalía del Perú al "creer" en la palabra de Odebrecht y no allanar sus oficinas, congelar sus cuentas e impedir la salida del país de TODOS los involucrados, es el de una autoridad débil.

El 22 de diciembre, las autoridades ecuatorianas hicieron precisamente eso: allanaron las oficinas de la empresa Odebrecht en ese país y congelaron todo. ¿Por qué aquí es diferente? ¿Dicha acción puede deberse a un gesto populista pero poco práctico del gobierno de ese país? Puede ser, pero el gesto de cara a la opinión pública es inequívoco: el Estado está liderando, el Poder Judicial se respeta, aquí nadie hace lo que le da la gana.

En cambio, la Fiscalía en el Perú dice que lo mejor para la investigación es la colaboración eficaz. O sea, me quedo con lo que ese que tiene –o puede tener, uno nunca sabe– la soga al cuello me quiera contar. Y estoy seguro de que a Toledo, García y a Humala les gusta esto.