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Redacción PERÚ21

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Mis amigos hacen fiestas para empresas (eventos). Algunas son enormes y masivas. Su valor agregado está en los diseños de las estructuras que se inventan y arman y que, en algunos casos, son monumentales. Eventos de este tipo necesitan las autorizaciones de la municipalidad, Indeci y de la Policía.

"Viene alguien que dice ser de esas instituciones y te dice que el permiso cuesta 100, pero que él te lo vende en 60 o 50. Te tratan de agarrar por el hecho de que estas cosas demoran, son engorrosísimas, uno siempre está contra el tiempo y encima son caras. Si les pagas, ellos van y te los traen. Y son permisos originales. No lo hacemos, pero, carajo, provoca porque ya ni te inspeccionan", me cuentan mis amigos.

Hace algunos meses hice una locución para un comercial de una casa realizadora. La empresa contratante (una megaempresa, ultraformal hasta donde sabemos) pagaría un adelanto del 50%. El representante de la megaempresa le pedía a la realizadora el 10% del monto del contrato para él, para firmarle la autorización. "Si no, buscamos otra casa realizadora". Me dicen que esta es una práctica común.

La Ley Pulpín era una buena idea. Pero no había manera de que el Estado garantizara su cumplimiento. Con 300 inspectores para todo el país –que en ese momento estaban de huelga porque el Estado no les pagaba sus derechos laborales–, era imposible que dicha ley no se convirtiera solo en un instrumento de precarización del empleo.

Antes de ayer murieron 4 personas en Larcomar. Todavía no sabemos si la responsabilidad es de la municipalidad o de los privados o de ambos; pero sí sabemos que cuando nadie está mirando cualquiera puede convertirse en chofer de combi asesina y matar a alguien. Por un sol.